Un primer caso corresponde a la concejala titular de Incahuasi, Celedonia Ibarra (MAS), quien acusó a los dirigentes de la Subcentralía de ese municipio Fidel Aguirre y Pedro Ortiz. Los sindicados aluden que sus observaciones contra la edil es (son) porque no realiza obras para su región, informó la presidenta del TED, Olga Mary Martínez.

La segunda denuncia involucra a la concejala oficialista del municipio de El Villar, Alicia Flores, que, según el informe del TED, es presionada constantemente para presentar su renuncia y con ello tome su lugar su suplente Jacinto Navarro. Flores se querelló contra Navarro, el dirigente de la comunidad de San Blas, Serapio Bravo y el subcentral de su municipio, David Cruz. Estas personas, además buscarían presionarla enviando notas a su comunidad y emitiendo votos resolutivos con el objetivo de generar movimientos desde las bases en contra de ella.

Martínez manifestó que las denuncias se recibieron el 13 de junio y que fueron remitidas al Ministerio Público para su investigación “habiendo evidenciado que existen indicios de acoso y violencia política”.

Suman cuatro las querellas de este tipo que se registraron en los dos últimos años –uno corresponde a 2017–, los de San Lucas y Villa Charcas están en proceso judicial.

Acuerdos irregulares para que el titular en el cargo ejerza los primeros tres años de gestión y el suplente los dos restantes, son algunas de las formas de presión que se ejerce contra las concejalas, pero para ello es necesaria la renuncia del titular de manera voluntaria y no por presiones.

Otra vía de coerción contra las autoridades, es impedirles usar los bienes municipales para ejercer sus funciones o intentarles hacer firmar documentos sin previa revisión, comentó la Presidenta del TED.