El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, planteó que sea una instancia internacional que resuelva la controversia con el gobierno de Bolivia, sobre el cumplimiento del Acuerdo relativo al Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, que establece el carácter vinculante de sus resultados, y que en el país se niegan a cumplir.

Almagro señaló que efectivamente “hay diferencias con la delegación de Bolivia”, respecto al cumplimiento del Acuerdo de Análisis de Integridad Electoral de los comicios de 2019. Hizo hincapié en que el organismo cumplió de “buena fe” el Acuerdo, porque además se llenó todos los requisitos y condiciones de fondo y formales en el cumplimiento del mismo.

El Gobierno boliviano ha descalificado los resultados del informe de auditoría y anticipó que no es vinculante porque no se cumplieron las formalidades del acuerdo como la entrega final del informe, toda vez que el 10 de noviembre se anticipó con un informe preliminar el que califican de “político”.

En esta línea el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo ante el Consejo Permanente que "El Estado boliviano firmó un acuerdo con la Secretaría General para auditar los resultados de la elección de 2019, pero presentó un informe preliminar, político, absolutamente tendencioso y sin prueba alguna" de sus aseveraciones.

El secretario general considera el tema “clave”, en ese marco dijo que “Debe pensarse entonces, para dar certeza a la interpretación del acuerdo de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019, en una instancia internacional que aplique las normas internacionales del orden jurídico internacional, esa que regula los tratados entre Estados y una organización internacional. Nosotros estamos dispuestos completamente a avanzar en este proceso de solución de controversias”, señaló Almagro en su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA.

Precisó que se pueden usar cada uno de los instrumentos del derecho internacional que les otorga, ya sea la Convención del 88, así como otros mecanismos. “No queremos que quede ninguna duda en cuanto al buen cumplimiento del acuerdo del 20 de octubre de 2019 por parte de la Secretaría General”, ahondó.

Añadió que hay normativa internacional que refiere precisamente a la “solución de controversias en temas de diferencia en cuanto a la aplicación de un acuerdo. Nosotros entendemos que este acuerdo es vinculante, no se puede entender (…) el resultado del informe será vinculante para las dos Partes que diga otra cosa. El término vinculante no da lugar a dos interpretaciones”, afirmó.

El estudio de Integridad Electoral se realizó a solicitud del gobierno del entonces presidente Evo Morales, que, en medio de una crisis política producto de la falta de credibilidad en los resultados, decidió acordar con la Secretaría General la realización de la auditoría que en el numeral 6 dice: “El resultado del informe de auditoría será vinculante para las dos Partes”.

Almagro recordó que el artículo 119 de la Carta de la OEA dice que los Estados miembros se comprometen a respetar la naturaleza internacional de la responsabilidad del secretario general, lo mismo el Acuerdo de Privilegios e Inmunidades, y también la Comisión Internacional de la Organización de Naciones Unidas sobre la responsabilidad internacional de los organismos internacionales.

Ante las acusaciones de las autoridades bolivianas, Almagro señaló que el texto de la Carta de la OEA es totalmente claro, cuando dice que “nada autoriza intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros; no obstante, precisó que la defensa de los derechos humanos, de la democracia, cada uno de los elementos de hoy, de trabajo tienen que ver con asuntos que complementariamente actúan la jurisdicción externa.

Señaló que quienes le pedían actuar en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y los artículos referidos a la competencia del secretario general, hoy piensan “que hacerlo no está en mis competencias. Sé que los países defienden sus intereses, sé que estos pueden variar, los que votaban en defensa de los intereses de las instituciones en otros países cuando esos se produjo la ruptura del orden democrático, hoy dicen que eso es violatorio del principio de no intervención”.

Argumentó que la Secretaría General debe defender las normas interamericanas que regula el Sistema interamericano, señaló que es su obligación cumplir y no podría renunciar a preservar el cumplimiento del derecho internacional.

 Frente a las criticas que hicieron las autoridades del país a la auditoría y destacando el informe del grupo de investigadores de la Universidad de Salamanca, el secretario ejecutivo, Francisco Guerrero, hizo varias consideraciones para información del Consejo Permanente.

Manifestó que el informe de Salamanca no analiza elementos claves para comprender lo que sucedió en la jornada electoral de 2019. Que se realizó a distancia, a un año y medio después de los acontecimientos. Fue redactado por un equipo contratado sin experiencia en investigación de temas electorales.

Precisó que a pesar de su limitado alcance recocieron que el informe de la OEA es significativamente más exhaustivo

Guerrero señaló que el informe pericial de Salamanca confirma los graves hallazgos en materia informática contenidos en el Análisis de Integridad Electoral. Ratifica el uso de dos servidores ajenos a la estructura tecnológica.  

También ratifica que el entorno permitía la manipulación de datos, cualquier otra maniobra ilegal de usuarios con privilegios que podía intervenir en el sistema operativo. Además, confirma que se redirigió el tráfico hacia una red externa que estaba fuera de dominio, control, administración y monitoreo del TSE.

Acotó que ilustra la falta de registros que permite determina la actividad de dos usuarios sobre la base de datos y corrobra que hubo destrucción de la evidencia, “repito destrucción de la evidencia”, insistió.

Sin embargo, dijo que “el mayor problema con el informe de Salamanca es que sin ningún sustento electoral y solo basado en comparación de escasos casos de la base de datos afirma que la gestión inadecuada de los sistemas informáticos no supuso una manipulación de datos, esta conclusión desde nuestro punto de vista técnico carece de sustento”, sostuvo Guerrero.

Precisó que el estudio “confirma que la posible alteración manual de los datos, que podía hacerse sin dejar rastros y que a pesar de verificar la integridad de la base de datos los usuarios con capacidad de acceso al sistema informático del proceso electoral en calidad de administradores podían añadir, modificar o eliminar datos, registros de las evidencias.

Destacó el trabajo de los 36 expertos y técnicos “no políticos” que realizaron la auditoría con el mayor empeño, dedicación y compromiso con los postulados del sistema interamericano.

“Comparar el arduo trabajo de estos expertos con reportes deficientes y sesgados representa un lamentable intento por cambiar la realidad. Sin importar qué tanto se insista en esta situación a pesar que se busque abstraer y negar, la realidad no puede cambiar”, señaló Guerrero.

Lamentó que se haya "intentado la construcción de una narrativa que busca desprestigiar el trabajo electoral de la OEA". 

"A la distancia está claro que la OEA contribuyó al esclarecimiento de los hechos descubriendo la manipulación del sistema electoral y las instancias que alegaban fraude. La cooptación de las autoridades electorales y la exacerbación social producida de un manejo irresponsable del proceso electoral fueron las circunstancias que se llevaron a cabo en Bolivia y que no son responsabilidad de los observadores electorales", señaló.