El Gobierno de Bolivia acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y, en particular, a su secretario general, Luis Almagro, de “grosera injerencia”. La respuesta a esas alusiones no se dejó esperar.

“Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación”, leyó el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de ese organismo.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta dijo: “Esta acción no nos extraña en absoluto viniendo del señor Almagro, que de manera sistemática se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa”.

Los representantes de la administración de Luis Arce reclamaron que la OEA incumplió el acuerdo establecido con el gobierno de Evo Morales en octubre de 2019 para la auditoría que encontró irregularidades en el proceso electoral de ese año. Sostienen que ese documento no puede tener efecto legal.