El Gobierno materializó ayer una airada queja contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, por el comunicado del 9 de agosto que ratifica el informe que detectó “manipulación dolosa” en las elecciones de 2019.

El foro, formado por representantes de los 34 países del hemisferio, se reunió de manera virtual para escuchar las denuncias de “injerencia” contra Almagro y cerró sin formular un llamado de atención al alto funcionario internacional.

Al final de la sesión, la embajadora de México, Luisa Elena Baños, y sus colegas de Argentina, Daniel Raimondi, y de Nicaragua, Luis Alvarado, respaldaron la protesta de Bolivia. El resto de los representantes que participaron, al menos 15 diplomáticos, expresaron su apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. El expresidente, Jorge Quiroga calificó la reunión como una derrota del MAS. “Buscaron rechazo a auditoría y los apoyaron solo tres países”, tuiteó.

Tras escuchar la protesta en su contra, Almagro propuso una solución internacional a la polémica abierta con el Gobierno sobre el informe que activó en el país una investigación judicial por el caso “fraude” contra autoridades electorales y nacionales. Este caso fue cerrado debido a una reciente pericia que encargó la Fiscalía al laboratorio Bisite de la Fundación de la Universidad de Salamanca.

Antes que esa propuesta sea formulada, el canciller, Rogelio Mayta, junto al ministro de Justicia, Iván Lima, y el embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce, rechazaron el comunicado que divulgó la secretaría general el 9 de agosto y demandaron respeto a la independencia de la justicia boliviana.

“Hemos cumplido con todos los términos y hemos actuado muchas veces a solicitud del gobierno del expresidente Evo Morales”, recordó Almagro al referirse a las observaciones de los ministros. “Debe pensarse entonces, para dar certeza a la interpretación del acuerdo de 2019, en una instancia internacional que aplique normas del orden jurídico internacional, especialmente aquellas que regulan la vigencia de los tratados entre un Estado y una organización internacional. Estamos dispuestos completamente a avanzar en este proceso de solución de controversias, tal cual lo establece el derecho internacional”, señaló Almagro. Sugirió, en ese entendido, aplicar el artículo 88 de la Convención de Resolución Pacífica de Controversias de la OEA, aunque existen otras alternativas en el ámbito del derecho internacional público.

Así lo comentó el exembajador de Bolivia ante la OEA Jaime Aparicio. “Se puede recurrir a la Corte Internacional de Justicia o a la Corte de Arbitraje de La Haya”, pero habrá que ver si prospera, explicó, luego de recordar que Almagro también anunció que iba a recurrir a la Corte Penal Internacional (CPI) para exponer la crisis política de 2019.

En ese marco, el secretario general de la OEA también apuntó: “Decimos no a la impunidad, no a la impunidad de la corrupción, no a la impunidad de la violación de derechos humanos, y no a la impunidad de los crímenes de lesa humanidad”, dijo Almagro durante su intervención. Recalcó que el acuerdo con el Gobierno de Morales establece el carácter “vinculante” del análisis de integridad electoral y señaló que “cuando el texto es claro no hay lugar a interpretaciones”.

Sobre este pacto Lima había señalado durante el foro que el acuerdo firmado con la OEA para la auditoría electoral establecía que se presente “un informe y no uno preliminar”. Aseguró, de este modo, que Almagro incumplió el acuerdo. Lamentó, en ese marco, que el primer reporte sobre los fallidos comicios de 2019 “no fue entregado a través de las instancias diplomáticas al Gobierno boliviano” y que fue publicado en su página y distribuido a medios “a las cuatro de la madrugada” del 10 de noviembre de 2019.

“Este fue el detonante de una gravísima convulsión social y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolide un golpe de Estado”, afirmó el ministro de Justicia, quien puntualizó que luego, el reporte final de esa auditoría, estuvo “plagado de deficiencias y sesgos técnicos, que no responden a una auditoría técnica” y que “no está a la altura de la responsabilidad que le fue asignada”.

Por su lado, el canciller remarcó que el comunicado del 9 de agosto cuestiona el informe de “la universidad de Salamanca” y que ese escrito constituye una prueba de injerencia que pudo cometer el secretario general de la OEA.

“La vinculatoriedad que reclama ese comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones e incluso que los acusados no tengan derecho a defensa”, manifestó Mayta respecto al proceso del caso fraude, recientemente desactivado por el Ministerio Público.

Evidencias

A diferencia del informe de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, que concluye que “no hubo manipulación” de los resultados de los comicios de 2019, la Secretaría de Fortalecimiento Democrático de la OEA asegura que a esa irregularidad se suman otras. Ayer, el responsable de esta entidad, Francisco Guerrero, expuso en el foro las observaciones que tiene el organismo sobre los comicios de 2019.

Guerrero dijo que la pericia de la Universidad de Salamanca “carece de sustento técnico” y “no tiene el alcance” del estudio elaborado por los técnicos del organismo multilateral. “Este informe se realizó a distancia un año después de los acontecimientos, con un equipo sin experiencia, y con un limitado alcance. El equipo mismo reconoce que el informe de la OEA es más exhaustivo”, apuntó.

Señaló que “comparar el arduo trabajo de estos expertos con reportes deficientes y sesgados representan un lamentable intento por cambiar la realidad. Sin importar que tanto se insista en esta situación, a pesar de que se busque abstraer y negar, la realidad no puede cambiarse”, sostuvo.

También destacó que durante la gestión de Luis Almagro se desplegaron 71 misiones de observación electoral y sus observaciones y recomendaciones fueron claves en los procesos democráticos de todas las naciones del hemisferio. Valoró que esas misiones hayan aportado a la región desde 1966.

En el caso de la misión de observación electoral que la OEA envió a Bolivia para los comicios de 2019, 92 expertos de 24 países se desplegaron en todo el territorio nacional. Guerrero recordó que, luego para la auditoría electoral, 36 técnicos participaron en el análisis de integridad electoral. “No son actores políticos, son técnicos excepcionales, rigurosos y dedicados”, subrayó el funcionario.