El canciller Rogelio Mayta, durante su intervención en la sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), consideró este miércoles que la posición “unilateral” del secretario general de ese organismo, Luis Almagro, atenta contra el objetivo que se busca en Bolivia para superar el “discurso racista que procura legitimar la violencia de 2019”.

“En la actualidad, en Bolivia, transitamos un camino (para) desescalar las posiciones encontradas superando el discurso racista que procura legitimar la violencia desbordada a fines de 2019 y los comunicados, como el de 9 de agosto y todas las posiciones unilaterales de Luis Almagro contra Bolivia, atentan contra ese objetivo”, dijo.

Sin embargo, aseguró que a pesar eso, el Estado Plurinacional seguirá avanzando porque sabe que para superar “esos duros momentos (de 2019), como sociedad debemos conocer la verdad de lo que ocurrió”.

Entonces, “como pueblo es nuestro derecho, no podemos simplemente hacer borrón y cuenta nueva como si no hubiera pasado nada; se rompió el orden constitucional, se violaron derechos humanos, se generó en nuestra sociedad una polarización sustentada en un discurso racista y se deben seguir los procesos de justicia que sean necesarios, por lo que les expresamos que queda claro que el comunicado del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en asuntos internos que no aceptamos y que denunciamos”, insistió el Canciller.

La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue convocada a solicitud del Gobierno boliviano para oficializar su reclamo contra Almagro, después de que el pasado 9 de agosto, mediante un comunicado, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA ratificó hallazgos de “irregularidades” en las elecciones anuladas de 2019 en Bolivia y cuestionó el informe de la Universidad de Salamanca, que fue realizado a pedido del Ministerio Público dentro su trabajo investigativo sobre el caso “fraude electoral” y que descartó una posible manipulación de datos en ese proceso.

Sin embargo, Mayta indicó que “el furibundo ataque de Almagro” contra el informe de la Universidad de Salamanca se debió porque “ese peritaje pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política” de 2019 en Bolivia debido a que un informe preliminar de la auditoría de la OEA agravó las protestas que se protagonizaban en medio de denuncias de “fraude electoral” hasta provocar la renuncia de Evo Morales a la presidencia el 10 de noviembre de ese año.

Entonces, Almagro “tiene responsabilidades en precipitar la crisis y en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones a derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. (Por tanto) el comunicado del 9 de agosto y las palabras de Luis Almagro son el alegato anticipado de su defensa, la confesión inconsciente de su culpa”, subrayó.

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El Estado Plurinacional de Bolivia denunció ayer, ante la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que la presentación unilateral del informe de auditoría electoral preliminar que manifiesta una presunta manipulación dolosa en el conteo de votos, instruida por el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, detonó el golpe de Estado en noviembre de 2019.

La posición fue expuesta en ocasión de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, donde el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, y el de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, calificaron como un exceso y una intromisión que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA y de Luis Almagro, en el comunicado del 9 de agosto de 2021 “reitere los hallazgos del Análisis de Integridad Electoral de 2019 en Bolivia”, después de que la Fiscalía General del Estado determinó sobreseimiento al caso Fraude Electoral por falta de pruebas, que se sustenta con el informe de peritaje elaborado por expertos de la Universidad de Salamanca.

El Canciller aseguró que “el furibundo ataque” de Almagro a través de la mencionada secretaría es un intento de deslegitimar el peritaje de la Universidad de Salamanca y el proceso penal en el que se debate el fraude que acusaron, lo delata como uno de los actores en el plan de ruptura del orden constitucional en Bolivia.

“Ese peritaje y esa investigación fiscal ponen en evidencia que su accionar (de Almagro) fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en 2019. Que tiene responsabilidades en precipitar la crisis, en el rompimiento del orden constitucional que sufrimos y también en las graves violaciones a derechos humanos que se produjeron en ese oscuro fin de 2019. Que en esos días actuaron negligentemente, cuando menos, sino con dolo”, sostuvo el Canciller.

Injerencia

El ministro Mayta denunció que el comunicado del 9 de agosto de 2021 fue la respuesta al informe de peritaje elaborado por profesionales de la Universidad de Salamanca, en el proceso penal que se inició en 2019 en Bolivia contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el supuesto fraude que esa secretaría acusó en las elecciones.

Ese peritaje señala que no hubo una manipulación dolosa de la información en ese proceso, que identifica falencias; pero nada que permita sostener objetivamente que hubo una acción criminal como un fraude.

“Ese comunicado, que fue ‘hecho suyo’ y celebrado por Luis Almagro el mismo 9 de agosto (de 2021), en su cuenta de Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia, acto que atenta contra su soberanía e independencia. Además que ese comunicado transgrede los artículos 1, 2 y 3 de la Carta de la OEA”, precisó.

Esa acción, dijo el Canciller, que no es extraño que Almagro de manera sistemática “se conduce como un actor de la política interna de Bolivia, expresa mensajes de odio, racismo y descalificación, y actúa amparado en la impunidad que le da la inmunidad de la que goza por el cargo que ocupa”.

La misión de observadores de la OEA conjetura una ilegalidad en el conteo de votos en octubre de 2019.

Insistió en que con el comunicado se presenta como la única verdad posible sobre el proceso electoral de 2019, porque dice: “la verdad es una y está detallada de manera objetiva en el informe de observación y en el análisis de integridad electoral de la OEA”.

Por lo que sobre esa premisa, defenestra el peritaje de la Universidad de Salamanca, diciendo que “es extemporáneo, incumple el Acuerdo firmado entre el Gobierno y la Secretaría General de octubre de 2019” e incluso que “es una grave afrenta a la democracia en el hemisferio”.

“El comunicado es un exceso a todas luces; ni el Secretario General de la OEA ni su Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia, según la normativa que rige sus actividades, tienen facultades para realizar ese tipo de amonestaciones, que por si fuera poco no realizan el Consejo Permanente ni la Asamblea General”, denunció.

Evidencias

Finalmente, el ministro Rogelio Mayta dijo que debe quedar claro que con el comunicado del 9 de agosto Luis Almagro asumió una posición unilateral contra Bolivia, por lo que los Estados que forman parte deben conocer:

Primero: Al margen de los cuestionamientos a los informes de la Secretaría General de la OEA sobre nuestras elecciones generales de 2019, ese proceso quedó anulado y se celebraron nuevas elecciones en 2020, en las que resultó ganador el mismo partido que las ganó un año antes: el MAS, y hasta por un porcentaje muchísimo mayor.

Segundo: Siendo que los informes de observación y la auditoría electoral de 2019 detectaron que se podrían haber cometido delitos electorales, era ineludible —según la ley boliviana— que se iniciaran procesos penales y que la Fiscalía investigue a fin de conocer la verdad material de los hechos, que los acusados asuman defensa pudiendo producir prueba de descargo. Y eso no ocurrió.

Tercero: La vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el Secretario General Luis Almagro en 2019 para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal, y menos la labor de los fiscales y jueces bolivianos.

La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumplan nuestras leyes, que la institucionalidad boliviana no cumpla sus obligaciones, e incluso que los acusados no tengan derecho a la defensa.

Cuarto: El peritaje de la Universidad de Salamanca que el comunicado del 9 de agosto esforzadamente trata de descalificar constituye parte de un conjunto de análisis forenses de diversa naturaleza que se realizaron en base a los denominados “hallazgos” de los informes de 2019, con el objetivo de verificar si existió o no responsabilidad penal en esos hechos en relación a las personas acusadas.

En ese proceso penal se investigaron a profundidad los hallazgos que Luis Almagro y la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, dependiente de su despacho, acusaron en su momento. Se hicieron peritajes para los temas técnicos y se convocó a declarar a los testigos de los hechos.

El desarrollo de la investigación fue público como lo mandan nuestras leyes, las partes del proceso y todos los interesados pudieron seguir sus incidencias y en su caso presentar pruebas o pedir que se las gestione.

Quinto: La investigación penal que se realizó por más de un año, la mayor parte durante el gobierno de Jeanine Añez y por los jueces y fiscales que ejecutaron la persecución política contra el MAS, llegó a la conclusión de que no se cometieron delitos y que no hubo el fraude como se denunció.

La Fiscalía decidió cerrar ese caso porque no existían las pruebas para ir a un juicio, algunos presentaron impugnación, esa decisión puede ser ratificada o modificada. El proceso todavía está en desarrollo, y debe seguir su curso, como lo establecen nuestras leyes y según las definiciones que asuman las autoridades competentes.

Incumplimiento

Ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ministro de Justicia y de Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, denunció que el secretario general de ese organismo, Luis Almagro, de manera unilateral, rompió el acuerdo suscrito con el entonces gobierno de Evo Morales.

Recordó que después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, en medio de un conflicto social por un discurso de fraude electoral alentado por las plataformas políticas y comités cívicos de oposición, que hasta ahora no ha sido probado, el 30 de octubre el Estado Plurinacional de Bolivia, a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, suscribió un acuerdo de siete puntos con la Secretaría General de la OEA para un análisis de integridad electoral de las elecciones de ese año, a través de una auditoría.

Se facilitó un acceso ilimitado a toda la información del proceso electoral para que la misión técnica de la OEA pueda verificar. Señaló que el quinto punto precisa que “El Equipo de Expertos internacionales entregará un informe como resultado de la auditoría electoral al Secretario General, que lo enviará al gobierno del Estado Plurinacional por los canales diplomáticos”, pero que ese punto y otros fueron premeditadamente incumplidos por la Secretaría General y el grupo de auditores bajo su dirección.

“El primer elemento que debemos mencionar es el incumplimiento al objeto del acuerdo, el Estado boliviano firmó un acuerdo con la Secretaría General para la realización de una auditoría a los resultados del proceso electoral de octubre de 2019, sin embargo, la Secretaría General publicó un informe preliminar político absolutamente tendencioso y sin prueba alguna, acompañando a un comunicado que sugería nuevas elecciones generales”, sostuvo la autoridad.

GROSERA INTROMISIÓN DE LUIS ALMAGRO

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce Zaconeta, denunció ayer en ese escenario internacional al secretario general, Luis Almagro, por una nueva injerencia en los asuntos internos del país.

El embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos.

“Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación”, dijo en referencia al comunicado del 9 de agosto de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General de la OEA.

El documento insiste en cuestionar la integridad de los datos y la certeza sobre los resultados de las elecciones presidenciales de 2019 en Bolivia.

Arce participó en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, en la que se recibió también al canciller Rogelio Mayta y al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima.

“El comunicado de nueve páginas de extensión fue publicado una vez más de manera unilateral por un órgano de la Secretaría General, no se ajusta a ningún procedimiento, convenio ni acto alguno con la participación de los Estados miembros de la organización y, lo que es peor, su contenido es profundamente ofensivo a la dignidad y el Gobierno del pueblo boliviano, contiene expresiones y calificativos inaceptables”, sostuvo Arce.El comunicado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la Secretaría General fue publicado el 9 de agosto en respuesta a los resultados del peritaje del Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca, España.

El equipo fue contratado para la pericia en el área de seguridad informática y administración de redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

En un informe final, se establece la inexistencia de manipulación en los datos que prueben una actuación dolosa. (ABI)