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Medio: Página Siete
Fecha de la publicación: miércoles 25 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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En el Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), el Ejecutivo sostuvo que se incumplió el acuerdo de la
auditoría de los comicios de octubre de 2019 y arremetió contra Luis Almagro,
secretario general de ese organismo. Mientras que Almagro replicó que
cumplieron el convenio de “buena fe”, pero planteó acudir a un proceso de
solución de controversias.
Además de Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA,
intervinieron en la sesión del Consejo Permanente de este miércoles el ministro
de Justicia Iván Lima, y el Canciller, Rogelio Mayta.
En su alocución, el ministro Lima reconoció que el Estado
Plurinacional y la Secretaría General de la OEA suscribieron un acuerdo para la
realización de la auditoría. Sin embargo, subrayó que la Secretaría General de ese
organismo publicó un informe preliminar, no contemplado, que fue político,
tendencioso y sin prueba alguna, acompañado de un comunicado que sugería nuevas
elecciones generales.
Lima sostuvo que en el acuerdo suscrito entre el Estado y la
Secretaría General de la OEA no figura pactado un “informe preliminar”. Por
ello, indicó que la Secretaría General incumplió el punto 5 del convenio, que
establece que se entregaría un informe final y no así uno preliminar.
Lima subrayó que precisamente ese informe preliminar detonó
la convulsión social en Bolivia y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas
(FFAA) sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolidara un
“golpe de Estado”, el cual -sostuvo- dejó 37 muertes y más de 800
heridos.
“Ese escueto informe preliminar de 13 páginas, el cual no
fue entregado a través de las instancias diplomáticas al gobierno boliviano,
como estaba pactado, fue publicado en la página oficial de la Secretaría
General, fue distribuido deliberadamente a los medios de comunicación
bolivianos. Y éste fue el detonante de una gravísima convulsión social y fue el
argumento para que las FFAA sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y
se consolide un golpe de Estado”, afirmó Lima en la sesión del Consejo
Permanente de la OEA.
Almagro, durante su réplica, entre otros detalles, dijo que
cumplieron el acuerdo “de buena fe”, aunque reconoció que hay diferencias con
la delegación de Bolivia en cuanto al cumplimiento del acuerdo, y mencionó que
hay normativa internacional que refiere a la solución de controversias en temas
de diferencia en cuanto a la aplicación de un acuerdo.
En ese marco, aseguró: “Debe pensarse entonces para dar
certeza a la interpretación del acuerdo de 2019 en una instancia internacional
que aplique las normas del orden jurídico internacional, en especial aquella
que regule los tratados celebrados entre un Estado y una organización
internacional. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en este proceso de
solución de controversias tal cual lo establece el derecho internacional”.
La auditoría de la OEA se realizó a invitación del gobierno del entonces gobierno de Evo Morales. El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una misiva a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que hace extensiva dicha invitación “para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.
El 30 de octubre de 2019, Pary y Almagro suscribieron el
acuerdo. El equipo de expertos y auditores de la OEA arribó a Bolivia el 31 de
octubre, y el 10 de noviembre de ese año difundió su informe preliminar, ese
día dimitió Morales.
Durante la sesión del Consejo Permanente, al menos tres
países cuestionaron el rol de Almagro en el proceso electoral boliviano, y
hablaron de la “instrumentalización” de las Misiones de Observación Electoral
(MOE). Pero también se registró posturas, la mayoría, de respaldo a las MOE y
al trabajo de la OEA.
La delegación de México sostuvo que Almagro se aprovechó de
la buena fe de Bolivia e “intervino” en el proceso electoral
“instrumentalizando políticamente” la MOE. En tanto que la representación de
Nicaragua pidió investigar a la Secretaría General.
La delegación de Argentina concluyó que la MOE, que fungió
como veedora de los comicios de octubre de 2019, “fue un instrumento
eminentemente político y tuvo consecuencias trágicas para el pueblo boliviano”.
Del otro lado, la representación de Venezuela, del gobierno
de Juan Guaidó, expresó que todos en el Consejo Permanente deberían estar
preocupados por la campaña de “desprestigio” que se está desplegando contra la
OEA, contra Almagro y las MOE, por parte de un grupo de gobiernos que daña a la
democracia y a la institucionalidad interamericana.
La delegación de Paraguay respaldó la labor técnica de las
MOE por considerarlas una herramienta eficaz para transparentar los procesos
democráticos de los estados miembros del sistema interamericano. La representación
de Brasil expresó que tiene confianza en las MOE.
La representación de Ecuador sostuvo que a juicio de esa
delegación las MOE contribuyeron a promover y a afianzar la credibilidad de la
ciudadanía en las elecciones, creando un clima de confianza.
El comunicado del 9 de agosto
El canciller Rogelio Mayta en su intervención cuestionó el
comunicado que difundió, el 9 de agosto, la Secretaría para el Fortalecimiento
de la Democracia de la OEA, en el que ratifica los hallazgos de la auditoría a
las elecciones de octubre de 2019, y detecta 12 deficiencias, ocho omisiones y
al menos cuatro contradicciones en la pericia que la Fiscalía encomendó a la
Fundación General de la Universidad de Salamanca.
“Ese comunicado que fue hecho suyo y celebrado por Luis
Almagro, secretario general de la OEA, el mismo 9 de agosto en su cuenta de
Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna
de Bolivia, acto que atenta contra su soberanía e independencia”, sostuvo
Mayta.
El Canciller tildó al comunicado del 9 de agosto como un
“exceso”, puesto que –dijo- ni Almagro ni su Secretaría “tienen
facultades para realizar ese tipo de amonestaciones”. Además, refirió Mayta,
entre sus atribuciones no figuran las de asumir posiciones ni expresar
criterios en los asuntos internos de los estados miembros.
En el comunicado de la secretaría de la OEA, difundido el 9
de agosto, se cita el acuerdo que suscribió el Estado con la Secretaría
General, en el que se incluyó que el resultado de la auditoría es
vinculante. En ese contexto, en el comunicado se insta al Estado Plurinacional
a honrar el convenio.
Mayta, al respecto, sostuvo que la vinculatoriedad que
reclama ese comunicado es un acto de injerencia, puesto que el acuerdo suscrito
entre el Estado y la Secretaría general no indica que el informe de la
auditoría sustituiría a peritajes o sentencias o la labor de jueces y
fiscales.
“La vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto
reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el
secretario general, Luis Almagro, en 2019, para que se realice una auditoría
del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere
iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal y menos la labor de
fiscales y jueces bolivianos. La vinculatoriedad que reclama el comunicado
pretende que no se cumpla nuestras leyes”, sostuvo.
El Canciller aseguró que “queda claro que el comunicado
del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en
asuntos internos, que no aceptamos y que denunciamos”. Mientras que por su
parte Lima pidió “que la secretaria general de la OEA se abstenga de seguir
cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su
trabajo”.



