En el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Ejecutivo sostuvo que se incumplió el acuerdo de la auditoría de los comicios de octubre de 2019 y arremetió contra Luis Almagro, secretario general de ese organismo. Mientras que Almagro replicó que cumplieron el convenio de “buena fe”, pero planteó acudir a un proceso de solución de controversias. 

Además de Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la OEA, intervinieron en la sesión del Consejo Permanente de este miércoles el ministro de Justicia Iván Lima, y el Canciller, Rogelio Mayta.

En su alocución, el ministro Lima reconoció que el Estado Plurinacional y la Secretaría General de la OEA suscribieron un acuerdo para la realización de la auditoría. Sin embargo, subrayó que la Secretaría General de ese organismo publicó un informe preliminar, no contemplado, que fue político, tendencioso y sin prueba alguna, acompañado de un comunicado que sugería nuevas elecciones generales.

Lima sostuvo que en el acuerdo suscrito entre el Estado y la Secretaría General de la OEA no figura pactado un “informe preliminar”. Por ello, indicó que la Secretaría General incumplió el punto 5 del convenio, que establece que se entregaría un informe final y no así uno preliminar.

Lima subrayó que precisamente ese informe preliminar detonó la convulsión social en Bolivia y fue el argumento para que las Fuerzas Armadas (FFAA) sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolidara un “golpe de Estado”, el cual -sostuvo- dejó 37  muertes y más de 800 heridos. 

“Ese escueto informe preliminar de 13 páginas, el cual no fue entregado a través de las instancias diplomáticas al gobierno boliviano, como estaba pactado, fue publicado en la página oficial de la Secretaría General, fue distribuido deliberadamente a los medios de comunicación bolivianos. Y éste fue el detonante de una gravísima convulsión social y fue el argumento para que las FFAA sugirieran la renuncia del presidente Evo Morales y se consolide un golpe de Estado”, afirmó Lima en la sesión del Consejo Permanente de la OEA.

Almagro, durante su réplica, entre otros detalles, dijo que cumplieron el acuerdo “de buena fe”, aunque reconoció que hay diferencias con la delegación de Bolivia en cuanto al cumplimiento del acuerdo, y mencionó que hay normativa internacional que refiere a la solución de controversias en temas de diferencia en cuanto a la aplicación de un acuerdo.

En ese marco, aseguró: “Debe pensarse entonces para dar certeza a la interpretación del acuerdo de 2019 en una instancia internacional que aplique las normas del orden jurídico internacional, en especial aquella que regule los tratados celebrados entre un Estado y una organización internacional. Nosotros estamos dispuestos a avanzar en este proceso de solución de controversias tal cual lo establece el derecho internacional”.

La auditoría de la OEA se realizó a invitación del gobierno del entonces gobierno de Evo Morales. El 22 de octubre de 2019, el entonces canciller Diego Pary envió una misiva a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en la que hace extensiva dicha invitación “para que se realice una auditoría al cómputo oficial de votos del proceso electoral en curso, para verificar la transparencia y legitimidad del mismo”.

El 30 de octubre de 2019, Pary y Almagro suscribieron el acuerdo. El equipo de expertos y auditores de la OEA arribó a Bolivia el 31 de octubre, y el 10 de noviembre de ese año difundió su informe preliminar, ese día dimitió Morales. 

Durante la sesión del Consejo Permanente, al menos tres países cuestionaron el rol de Almagro en el proceso electoral boliviano, y hablaron de la “instrumentalización” de las Misiones de Observación Electoral (MOE). Pero también se registró posturas, la mayoría, de respaldo a las MOE y al trabajo de la OEA.

La delegación de México sostuvo que Almagro se aprovechó de la buena fe de Bolivia e “intervino” en el proceso electoral “instrumentalizando políticamente” la MOE. En tanto que la representación de Nicaragua pidió investigar a la Secretaría General.

La delegación de Argentina concluyó que la MOE, que fungió como veedora de los comicios de octubre de 2019, “fue un instrumento eminentemente político y tuvo consecuencias trágicas para el pueblo boliviano”.

Del otro lado, la representación de Venezuela, del gobierno de Juan Guaidó, expresó que todos en el Consejo Permanente deberían estar preocupados por la campaña de “desprestigio” que se está desplegando contra la OEA, contra Almagro y las MOE, por parte de un grupo de gobiernos que daña a la democracia y a la institucionalidad interamericana.

La delegación de Paraguay respaldó la labor técnica de las MOE por considerarlas una herramienta eficaz para transparentar los procesos democráticos de los estados miembros del sistema interamericano. La representación de Brasil expresó que tiene confianza en las MOE.  

La representación de Ecuador sostuvo que a juicio de esa delegación las MOE contribuyeron a promover y a afianzar la credibilidad de la ciudadanía en las elecciones, creando un clima de confianza.  

El comunicado del 9 de agosto

El canciller Rogelio Mayta en su intervención cuestionó el comunicado que difundió, el 9 de agosto, la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, en el que ratifica los hallazgos de la auditoría a las elecciones de octubre de 2019, y detecta 12 deficiencias, ocho omisiones y al menos cuatro contradicciones en la pericia que la Fiscalía encomendó a la Fundación General de la Universidad de Salamanca.

“Ese comunicado que fue hecho suyo y celebrado por Luis Almagro, secretario general de la OEA, el mismo 9 de agosto en su cuenta de Twitter, constituye un agresivo acto de injerencia en la jurisdicción interna de Bolivia, acto que atenta contra su soberanía e independencia”, sostuvo Mayta.

El Canciller tildó al comunicado del 9 de agosto como un “exceso”, puesto que –dijo-  ni Almagro ni su Secretaría “tienen facultades para realizar ese tipo de amonestaciones”. Además, refirió Mayta, entre sus atribuciones no figuran las de asumir posiciones ni expresar criterios en los asuntos internos de los estados miembros.

En el comunicado de la secretaría de la OEA, difundido el 9 de agosto, se cita el acuerdo que suscribió el Estado con la Secretaría General, en el que se incluyó que el resultado de  la auditoría es vinculante. En ese contexto, en el comunicado se insta al Estado Plurinacional a honrar el convenio.

Mayta, al respecto, sostuvo que la vinculatoriedad que reclama ese comunicado es un acto de injerencia, puesto que el acuerdo suscrito entre el Estado y la Secretaría general no indica que el informe de la auditoría sustituiría a peritajes o sentencias o la labor de jueces y fiscales. 

“La vinculatoriedad que el comunicado del 9 de agosto reclama es un acto de injerencia. El acuerdo suscrito entre Bolivia y el secretario general, Luis Almagro, en 2019, para que se realice una auditoría del proceso electoral de ese año, no establece que el informe que se genere iría a sustituir a peritajes o sentencias en materia penal y menos la labor de fiscales y jueces bolivianos. La vinculatoriedad que reclama el comunicado pretende que no se cumpla nuestras leyes”, sostuvo.

El Canciller aseguró que “queda claro que el comunicado del 9 de agosto y las posiciones de Luis Almagro son actos de injerencia en asuntos internos, que no aceptamos y que denunciamos”. Mientras que por su parte Lima pidió “que la secretaria general de la OEA se abstenga de seguir cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su trabajo”.