Medio: Nuevo Sur
Fecha de la publicación: miércoles 25 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Asamblea Legislativa Plurinacional
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Comunidad Ciudadana (CC) propuso reformar la
justicia boliviana en 90 días y lograr una administración judicial
transparente, idónea e imparcial, la propuesta fue lanzada tras conocerse el
informe del Grupo de Expertos Internacionales (GEI).
El GEI en la parte conclusiva y de recomendación,
de su informe, explica que la justicia en Bolivia es totalmente vulnerable a
ser sumisa a un poder político, sostuvo el Diputado de esta organización,
Adrián Vega Gandarillas.
“Una justicia que garantice idoneidad, una
administración justa y que las personas que vayan a tomar el martillo judicial,
realmente sean las más competentes y no aquellas que tienen la credencial de un
partido político”, expresó.
Consultado de cómo se logrará una justicia como la
que quieren, contestó que la propuesta tiene seis puntos, la primera,
considerada muy importante, es cambiar al Fiscal General, Fiscales
departamentales y la elección de los nuevos, que garantice transparencia.
En segundo lugar, las autoridades judiciales,
magistrados, el Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, el Tribunal
Supremo de Justicia y el Constitucional, si bien son electas, deben pasar por
un proceso de preselección en la Asamblea plurinacional.
En la elección pasada de autoridades judiciales,
que no fue la esperada y que por el contrario desató malestar y hasta
incertidumbre en la ciudadanía, se vio que es necesario mejorar el
nombramiento, a través de la coparticipación de instituciones en la
preselección de candidatos.
“Incluir dentro del proceso de preselección a
instituciones y organizaciones de la sociedad civil, representativas”, sostuvo
al indicar que de una terna previamente calificada, la Asamblea, por dos
tercios de votos, defina los candidatos que irán a votación popular
CC también exige que se anule el “Decreto de la
Impunidad”, el decreto que dejó libre de culpa a las personas afines al MAS que
también deberían ser investigadas por los sucesos conflictivos del 2019, cuando
renunciaron Evo Morales y Álvaro García.
Los 90 días correrían a partir de la reunión de las
organizaciones políticas con representación parlamentaria, CC, “Creemos” y el
MAS, además del gobierno nacional, “esto es fundamental antes de comenzar a
hablar de Juicios de Responsabilidades”, sentenció.
El informe de la GEI fue muy claro, se vulneraron
derechos y deben ser investigados, no solamente en la gestión de Jeanine Añez,
sino también en el período de Evo Morales Ayma, “nosotros vamos a apostar por
eso”, sostuvo el parlamentario.



