La Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey (RBTQ) denunció que el Estado Boliviano está modificando los procedimientos de la consulta libre previa e informada, tomando en cuenta solo a grupos afines al Gobierno de siete personas para la firma del convenio “puesta en marcha” de proyectos hidroeléctricos, pero lo habitantes afectados no fueron consultados.

“Denunciamos ante el Pueblo Boliviano y Organismos Internacionales que el Estado Boliviano está modificando los procedimientos de CLPI, tomando en cuenta solo a grupos afines a su gobierno para la obtención de la firma del convenio “puesta en marcha” de dichos proyectos. Donde firman solo 7 personas a título individual, y los habitantes de nuestros pueblos a ser directamente afectados no hemos sido consultados”, se lee en el pronunciamiento de la Mancomunidad.

La reacción se produce después que la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap) mediante un convenio con la Empresa Nacional de Electrificación (Ende) autorizó la puesta en marcha de las operaciones y actividades en la etapa de los Estudios a Diseño Final del proyecto Hidroeléctrico El Bala y otros.

Según la Mancomunidad, en el encuentro de instituciones del Gobierno con Pueblos Indígenas del Departamento de La Paz, que se realizó el 9 y 10 de julio de este año, en Tumupasa, la firma de dicho acuerdo fue rechazada, y no se puede tomar como “CLPI (consulta libre previa e informada)”.

Recuerdan al Gobierno que las comunidades afectadas deben ser consultadas, de forma previa y durante el desarrollo de los estudios previos, y que la negociación individual con estas siete personas, no reemplaza el proceso de consulta y se constituye en una vulneración al principio de buena fe.

Asimismo, las comunidades indígenas de la mancomunidad hicieron un llamado al pueblo para impedir que el país se siga endeudando con proyectos como el Estudio de Identificación que debía ser entregado en octubre de 2017, menos aún estudios comparativos con otros proyectos de energía alternativa, y los costos de oportunidad.

“A la fecha dicho proyecto le ha costado al país alrededor de 15 millones de dólares, sin dejar ningún beneficio visible para la región. Basta de prebendalismo político a costa de los bolivianos y de los Pueblos Indígenas que queremos vivir en paz y libertad en nuestros territorios”, dice el documento.

La Mancomunidad de Comunidades Indígenas se gestó el año 2001 para asumir la defensa de las naciones indígenas: Moseten, Tsiman, Ese Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona.