En Bolivia, nuestra administración de justicia —es decir, los funcionarios públicos del Poder Judicial— se han estancado en una servidumbre caudillista. El actual concepto de justicia es uno positivo, que entiende por justo lo que la ley escrita dictamina que lo es. Pero las leyes no pueden ignorar las bases del concepto de justicia bajo ningún pretexto. Lo que sucede es que nuestro Poder Judicial abandona las esferas reflexivas para dedicarse al manoseo, quiebre y gambeteo pragmático de las mismas.

Independientemente de lo que opine la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el artículo 168 de la Constitución Política del Estado es profundamente claro: en Bolivia no existe la reelección indefinida. Ya que el sistema jurídico boliviano obedece a procedimientos y metodologías científicas, los límites de mandato que impone la Constitución obedecen a la lógica de que el ser humano es pasional por naturaleza. Por ende, el espíritu de la normativa es reconocer este riesgo y evitar, ahora y en el futuro, que los gobernantes se vuelvan déspotas. La esfera de los sentires es, y siempre ha sido, la base de las interacciones sociales y por ende de las leyes.

El referéndum del 21 de febrero de 2016 no debería haber existido, tampoco la idea de refundación de la patria, ni el borrado de mandatos de Morales. El primer golpe de Estado de este periodo democrático en Bolivia ocurrió el 28 de noviembre de 2017, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) habilitó a Morales para ser candidato a la presidencia del Estado.

San Agustín decía, que la gran diferencia entre una ley y una orden dada por un tirano es que la ley demandará siempre justicia, mientras que la orden de un tirano demandará sólo la obediencia a su autoridad. Al admitir tal peligrosa propuesta por parte del Poder Ejecutivo, el TCP violó no solo la Constitución, también la soberanía que tanto utiliza el partido de gobierno como escudo. Se malinterpretó el artículo 23 del Pacto de San José y eso dejó un precedente histórico de muy mala jurisprudencia. No es posible que un quiebre institucional tal sea considerado justo, mientras que un levantamiento popular sea un “golpe de Estado”, más allá del hecho DE que las instituciones aliadas económicamente al Gobierno lo hayan capitalizado posteriormente.

La izquierda acrítica del país intenta fundamentar desesperadamente lo supuestamente ético y moral del intento de perpetuación en el poder por parte de Morales y García Linera. En este contexto, el discurso político del partido de gobierno apunta a causas populares, al igual que a la necesidad de frenar a una “derecha conservadora y fascista”. Pero olvidan que los bosques se queman, que algunos indígenas valen un poco más y otros siguen valiendo nada y que las mujeres y las niñas son objetos de las más diversas pasiones. Olvidan que tampoco México tiene la tecnología necesaria para una extracción de litio respetuosa con la flora, fauna, humanidad y economía. Olvidan que, si quieren fracking, es porque ya no hay gas.

Olvidan que nos estamos quedando sin agua, sin educación y sin estructura de salud. Olvidan que un discurso no puede valer más que los acuerdos mínimos para un bien común, como debería ser entendida la Constitución Política de cualquier Estado. Olvidan que no interesa si fue golpe o si fue fraude, sino que ningún Estado puede matar a sus ciudadanos impunemente. Y olvidan, por último, que el partido de gobierno es el más grande engaño en la historia de la izquierda boliviana.

La autora es artista y activista defensora de los derechos humanos