Categorizando 12 derechos humanos vulnerados el GIEI-BOLIVIA y cuyo daño debe restablecerse a través de acciones concretas de mediano y largo plazo de parte del Estado; debe prevalecer la búsqueda de justicia para la reparación integral del daño bajo el principio de universalidad, que significa para todos.

Así entonces se tienen enormes desafíos para la justicia, las Fuerzas de Seguridad en Bolivia y nuestra institucionalidad democrática. Por ello ponderar el anuncio de la Fiscalía General de conformar una comisión nacional institucional para analizar y evaluar la pertinencia o no de la aplicación del informe del GIEI para luego judicializar esas pruebas si así correspondiesen según normas procesal penales nacionales.

Al describir las ejecuciones sumarias extrajudiciales; nos hacen saber claramente que nunca hubo peligro en “dinamitar la planta de Senkata”, no hubo tal enfrentamiento ni intercambio “bélico”, se les disparó por la espalda a las víctimas en completo estado de indefensión, operación de las fuerzas de seguridad cuyo único objetivo fue el de quitar la vida de los manifestantes que se encontraban al frente ejerciendo su derecho a la protesta. Además de ello, si bien ya se iniciaron investigaciones deben desarticularse por completo esos grupos paraestatales “juveniles” como la resistencia cochala y la unión cruceñista que también protagonizaron actos racistas.

El acápite de las vejaciones sexuales y tortura a mujeres víctimas, es desgarrador; el Ministerio de Gobierno debe iniciar los sumarios correspondientes inmediatamente, identificar a los uniformados policiales denunciados en los testimonios y, bajo el debido proceso, procesarlos con todo el rigor de la ley penal en Bolivia.

Una poderosa llamada de atención nos confirma la crisis de nuestro sistema judicial, al decirnos que hubo: supresión del debido proceso, presunción de inocencia, y abuso de la detención preventiva; y que a cualquier interpretación es funcional al poder de turno sea éste del cualquier color político. Hoy la cruzada ya no debe ser “reformar” sino “reestructurar” institucionalmente a la justicia boliviana, fortaleciendo a los mejores y destituyendo a los nefastos actores.

No se deja de lado una lectura sobre la deliberación política de las FFAA sobre su “sugerencia” (que no era otra cosa que un ultimátum) al poder que ejercía en aquél momento el orden constitucional. Por ello debe identificarse y procesarse tanto a los autores mediatos e inmediatos que detonaron todo con la vigencia del DS 4078.

Puede considerarse a este documento internacional como el único que hace énfasis en la irregular-inconstitucional toma del poder político en Bolivia el 2019, describiendo las acciones que fueron contrarias al mecanismo de sucesión constitucional y que profundizó la crisis generando a la fecha 38 muertes.(Israel Adrián Quino Romero es abogado y periodista)