El vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Edgar Salazar, aseveró este martes que esta institución apoyará a las víctimas de las masacres del 2019. Explicó que están en desacuerdo con la libertad o detención domiciliaria para la exmandataria de facto, Jeanine Añez.

“Veíamos con mucha esperanza la presentación del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) con referencia a las masacres de Senkata y Sacaba, este informe va a servir para presentar la proposición acusatoria contra la señora Jeanine Añez por las muertes y los heridos”, indicó Salazar en contacto con radio Éxito.

Aseveró que esta institución realizará un acompañamiento a las víctimas para que se realice un juicio de responsabilidades en contra de Añez, porque diferentes informes sostienen que existieron masacres generadas por la firma del Decreto Supremo Nº 4078.

Este decreto fue observado por organizaciones sociales porque autorizaba a las Fuerzas Armadas realizar operaciones para restablecer el orden público y eximía a los militares de cualquier responsabilidad penal.

El Vicepresidente de la APDHB indicó que mantuvieron reuniones de coordinación con el representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), David Inca, para dar respaldo y así recuperar el “rol histórico” que tiene esta institución en la defensa de los derechos de los afectados.

“Hemos manifestado nuestro total respaldo como institución defensora para devolver el rol histórico que siempre ha jugado la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos ante los juicios de responsabilidades como ocurría en el pasado”, enfatizó.

En relación a la activista Amparo Carvajal, indicó que no realizó una consulta con el directorio ni con los representantes departamentales para actuar a nombre de la APDHB.

“Hemos señalado que hay la necesidad de priorizar la salud y la vida de la señora Jeanine Añez; pero, jamás hemos estado de acuerdo en que se le otorgue la libertad o la detención domiciliaria. (…) Lastimosamente, la señora (Amparo) Carvajal está tomando decisiones personales y no ha consultado con ningún Presidente de Derechos Humanos de Bolivia, mucho menos con su directorio”, explicó.