La gran cobertura mediática y por las redes sociales del informe del GIEI sobre los hechos de violencia política en el 2019, se centró en repartir las responsabilidades y los interesados en leer con lupa para encontrar una frase que incrimine al adversario político.

Claro, fueron y seguirán siendo lecturas sesgadas, interesadas y altamente explosivas, porque de lo que se trata es de eliminar al adversario, de dejarlo fuera de juego, en los dos bandos. Entonces el informe que fuera encargado de nada serviría, sino que generó más polarización, intolerancia y enfrentamiento entre los bolivianos.

Como pruebas ahí están los hechos, las declaraciones, los testimonios de los protagonistas del acontecer político nacional y regional. Siempre prenden la mecha del racismo.

Pero poco se analizó, se difundió y se discutió este tema central que venimos arrastrando desde la colonia: el racismo y la discriminación, taras sociales que nos acompañan y que generan siempre división, odios, rencillas y hasta muertes. Y lo peor, que esos dos elementos sociales son usados en cada campaña electoral o cuando hay conflictos como armas ideológicas para afianzar una pertenencia social y para profundizar la victimización de hace 500, 100, 20 años.

El poder sabe que hacer uso de estos factores le genera simpatía y votos en los sectores que se asumen o se creen que siguen siendo marginados, rechazados u odiados, como los campesinos o la gente del área rural.

Para enfrentar ello en septiembre de 2010 se aprobó y promulgó la Ley 045 “Contra el racismo y toda forma de discriminación”, la misma que generó una resistencia abierta y amplia de parte de sectores de la prensa, cívicos, y otros. Esta es una ley importante que establece muchas tareas, pero como muchas otras, quedó en el papel. Por ejemplo: Se crea el Comité contra el Racismo y todas forma de Discriminación, que las gobernaciones y gobiernos municipales tengan una dirección, que las empresas públicas y privadas tengan sus reglamentos contra la discriminación, etc.

¿Pero conocen que realmente funcionan todo ese andamiaje institucional y normativo? Poco o nada en los hechos.

¿Cuáles son las recomendaciones de este grupo internacional de expertos y que no merecieron comentarios, análisis, noticias o un like? En relación al racismo y la discriminación, les dijo a la clase política esto:

“Que los líderes políticos y sociales se abstengan de utilizar la problemática del racismo para generar discursos de odio, estigmatización o violencia”.

Lamentablemente, de forma permanente somos testigos del uso indolente y abusivo que se hace de estas taras sociales, para victimizar más aún y para confrontarnos entre collas vs. cambas, indígenas vs. karas, campesinos vs. citadinos, pobres vs. ricos, indios vs. blancos, colonos vs. empresarios, etc.

A pesar de que la Ley 045 establece que en el sistema educativo se deben impulsar programas de derechos humanos y de toma de conciencia, el informe del GIEI nos lo hace recuerdo, una vez más: “ Desarrollar una política educativa (currículo, metodologías de enseñanza y formación docente) que refuerce la capacidad de las y los estudiantes de reconocerse como parte de una sociedad diversa y plural y que rechace discursos de odio, intolerancia, racismo y toda forma de discriminación, ya sea por motivos de género, orientación sexual, religión u otros. Principalmente, que la escuela proyecte una Bolivia pluricultural y plurinacional, y aliente el respeto al otro, el diálogo y la concertación para la paz”.

Definitivamente, este informe no inventó la pólvora, solo nos hizo recuerdo de estas taras sociales que perviven en el imaginario colectivo, que son manipulados por el poder de ambos lados y que generan más distanciamiento social y violencia política, a pesar de que en Bolivia están en vigencia un ramillete de leyes, de instituciones que deben velar por el cumplimiento de las mismas.

Y de yapa el informe del GIEI plantea que Bolivia realice una cumbre sobre el racismo y discriminación. Conociendo que nos hemos pasado de cumbre en cumbre, y cuando se trata de este tema, con seguridad, traerá más problemas en los sentimientos y voluntades.

Ya no se trata de cumbres, cumbrecitas, reuniones, asambleas, sino poner en marcha y  cumplir la robusta legislación y que la clase política, oposición y gobierno, los movimientos sociales, los comités cívicos, los fiscales, jueces, policía, FFAA, expresen una voluntad suprema de transitar la ruta de los derechos humanos en el Estado Plurinacional.