El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguró que no reconoció la constitucionalidad del gobierno de Jeanine Áñez en noviembre de 2019 y calificó de “infamia” las acusaciones de que fue parte del golpe de Estado de 2019 en Bolivia, denunciado por el MAS y el gobierno de Luis Arce.

Mientras tanto, el Consejo Permanente de la OEA fijó para este miércoles la sesión en la que Bolivia hará conocer su protesta por el “comunicado” en el que la Secretaría General ratificó que hubo irregularidades en las elecciones en 2019, factor que acabó con la dimisión del expresidente Evo Morales.

Arce y el MAS acusan a Almagro de precipitar la violencia en noviembre de 2019 al emitir un informe preliminar, sin cumplir con lo pactado en acuerdos bilaterales, que denunciaba las irregularidades en las justas de octubre. Ese hecho agravó las protestas cívicas que ya hablaban de fraude electoral, a lo que se sumó el motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión de Morales.

Almagro aseguró que en un tuit sobre la situación de Bolivia en ese 2019 no mencionó el reconocimiento a la constitucionalidad del gobierno de Áñez, porque “no tenía elementos, reconozco que estaba hablando con el gobierno transitorio, es lo único”.

“No reconozco ni siquiera la constitucionalidad de Jeanine Áñez, lo reconocieron primero dirigentes bolivianos como Luis Arce o como (Jorge) Richter antes que Luis Almagro”, sostuvo y calificó de “infamia” las acusaciones en su contra.

En ese tuit del 15 de noviembre, tres días después de la toma del poder de Áñez, Almagro dice que conversó con la presidenta del gobierno provisional. En respuesta al tuit, Áñez agradece por el “reconocimiento a nuestro gobierno de transición”.

“Estoy dispuesto a defenderme con la verdad y la responsabilidad internacional que tengo y al responsabilidad que tuve para actuar en ese caso”, insistió Almagro.

En el Consejo Permanente, el embajador Héctor Arce y el ministro de Justicia, Iván Lima, intervendrán este miércoles para reclamar sobre el “comunicado” en el que la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA reivindicó el informe electoral de 2019 que denunció irregularidades en las justas de 2019.

Ese comunicado fue emitido luego que expertos de la Universidad de Salamanca descartaran manipulación de los resultados oficiales de las elecciones de ese año. La Fiscalía contrató los servicios de los expertos y sobre esa base pidió el archivo del proceso contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), mientras que se sobreseyó a los exvocales departamentales.