Bolivia se encuentra en riesgos de perder la soberanía democrática. El régimen se resiste a aceptar que la crisis política que impera en el país, ya tiene estrategia y un plan de salida, que es a través de una democracia directa y una sociedad civil unida, como ya se lo a mostrado en la abrogación del Código Penal Dictatorial.
La supremacía, que la democracia le otorga al pueblo, es constantemente vulnerada por el MAS-SIP.

En Bolivia no existe la división de poderes. El ejecutivo concentra de manera absoluta el mando en torno a la figura de un solo individuo a quien se le rinde fatuo culto a la personalidad.

En una verdadera democracia están vigentes los derechos humanos, la libertad de expresión, prensa y asociación, y a la protesta. El gobierno del pueblo y para el pueblo, debe velar por una economía y los servicios básicos estables; la salud, la educación, el empleo, la seguridad territorial, y finalmente la seguridad ciudadana, garantizar el bienestar y una vida digna para sus ciudadanos. En Bolivia el dominio está en las manos de un autócrata que desconoce la Constitución Política del Estado, gobierna por fallos abstractos y decretos, devasta la economía, cercena los derechos, impide manifestarse, reprime violentamente y pretende acabar con el poder soberano popular.
El tirano juzga y condena públicamente a los candidatos habilitados para competir en las próximas elecciones presidenciales 2019-2020, permite el abuso, la corrupción, el tráfico de estupefacientes, pues está plenamente convencido que en 15 meses se le habrá acabado el mando. El déspota es un populista enardecido que se arma para someter y torturar en nombre de una supuesta guerra opositora de la mentira y una persecución imperialista. Por desgracia Bolivia está secuestrada por un régimen de facto y la democracia es una impecable fachada que oculta una perversa dictadura.