El expresidente Carlos Mesa, junto a la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), planteó este miércoles un acuerdo nacional por la paz y reconciliación, que entre sus seis puntos plantea el cambio del Fiscal General, Juan Lanchipa, además de la reforma del sistema de elección de los magistrados, que actualmente se realiza por voto popular. El cumplimiento de dichos puntos sería un requisito previo para viabilizar juicios de responsabilidades por los hechos del 2019, pues considera que con los actuales operadores de justicia no hay las condiciones y se produciría un “linchamiento judicial”.

Mesa explicó que el acuerdo incluiría al gobierno nacional y las tres bancadas con representación en el legislativo, es decir el Movimiento Al Socialismo (MAS), CC y Creemos. El documento estaría basad “sin moverse en un milímetro” en el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIEI) presentado la pasada semana.

“No podremos conseguir la reconciliación y la paz del país, sino logramos resolver el tema de un juicio a las violaciones de derechos humanos y simultáneamente una modificación del poder judicial, que incluya al Ministerio Público”, justificó Mesa.

El principal grupo opositor también plantea la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público para que tanto el Fiscal General, como los fiscales departamentales sean nombrados con dos tercios de votos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

En cuanto al Órgano Judicial propone una reforma constitucional para modificar el sistema de elección antes del vencimiento del plazo de los actuales magistrados en diciembre de 2023. Si la adecuación no se cumple en este plazo, recomienda la aprobación de una Ley de Garantías para designar a los magistrados por concurso de méritos.

“Concluida la designación de fiscales hecha por la ALP y promulgada la Ley de Reforma Constitucional o, en su caso, la Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial en los plazos establecidos por este Acuerdo, la ALP aprobará los juicios de responsabilidades por los hechos de violencia identificados en el informe del GIEI, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, otorgando la misma celeridad a todos los casos que se presenten”, señala la propuesta en su parte final.

Respecto al trabajo del GIEI, Mesa resaltó que ha sido bien recibido por la opinión pública “porque se trata de un informe serio, coherente, que no está sesgado y que plantea los problemas que hay que resolver, que son fundamentalmente dos: la violación a los derechos humanos en el periodo final del gobierno y el comienzo del gobierno de la señora Jeanine Añez y la necesidad imperiosa de construir un nuevo sistema judicial”.