El Decreto Supremo 4461, de amnistía e indulto en favor de “perseguidos políticos”, tiene las horas contadas. El Gobierno prepara su derogación tras una sugerencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que observó impunidad en varios de hechos violentos en los que estaban siendo investigados seguidores del MAS.

“Está en consideración del presidente y estimó que las próximas horas, espero no días, tengamos la norma derogada”, afirmo el ministro de Justicia, Iván Lima, al término de una semana en la que el GIEI entregó su informe y sus recomendaciones al país con miras a superar la crisis de 2019.

El Decreto 4461 se promulgó en febrero. Ordenó la amnistía para las personas que habían sido acusadas de varios delitos en el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. “Un perpetrador de graves violaciones de los derechos humanos puede ser sometido a un proceso que vulnere sus garantías constitucionales. Según la redacción del Decreto Supremo, dicho perpetrador estaría ahora potencialmente protegido por la amnistía”, señala el reporte de los expertos que rechazó la prescripción de todos los procesos legales que están vinculados con los violentos sucesos de 2019 y que el MAS los vincula con un “golpe de Estado”.

A raíz de este decreto se archivaron varias investigaciones orientadas al esclarecimiento de varios delitos, como la destrucción de propiedad pública y privada como la quema de los buses Pumakatari o el incendio provocado en las viviendas de la periodista Casimira Lema y del exrector de la UMSA Waldo Albarracín.

También está el caso de Julio Llanos, un activista de 80 años que murió tras ser golpeado por seguidores del MAS que salieron, a finales de octubre de 2019, a respaldar al expresidente Evo Morales. Ramiro Llanos, el hijo de este activista informó que todos los procesos legales se habían paralizado por efecto de esta normativa.

“Si el Gobierno no asume con seriedad la responsabilidad de modificar de manera urgente el modo en el que trabaja la Fiscalía, esa percepción de impunidad y la sensación de que nada ha sucedido generará una frustración enorme de parte de las víctimas”, afirmó Patricia Tappatá, que formó parte del GIEI en las pesquisas.

La presentación del informe se produjo en medio de una aguda polarización política que se patentizó en Potosí y Santa Cruz.

Los seguidores del MAS vinculan la investigación que inició la Fiscalía con el caso “golpe de Estado”, mientras que los sectores sociales críticos al Gobierno ven responsabilidades políticas de Evo Morales en la crisis de 2019.

En este escenario, el GIEI propuso al Gobierno un plan de reparación integral de daños para las víctimas de todo el espectro político. En ese marco, sugirió “un censo” para cuantificar la cantidad de personas afectadas.

Por su lado, la Fiscalía ha reaccionado con una acusación formal por genocidio contra la expresidenta Áñez, pero no hado otra señal más para investigar a las personas vinculadas al MAS.

El Tribunal Supremo de Justicia anticipa una reforma en favor de su independencia institucional.