Mesa lanzó una propuesta con el fin de encontrar un camino hacía la paz y la reconciliación del país.

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Foto: CC.

“Hemos establecido un máximo de 90 días para que se reforme lo básico del Ministerio Público y lo básico del sistema del organismo Judicial. ¿Cuál es la experiencia que nos permite decir que eso es posible? Recuerden ustedes que el año 2019 por unanimidad en la ALP, que tenía la participación de los dos tercios del MAS, UD y el PDC, acordó el nombramiento del TSE que permitió en un tiempo récord el nombramiento de acuerdo a la norma constitucional de todos los miembros del TSE y la convocatoria a elecciones”, afirmó Mesa en conferencia de prensa.

La propuesta para reformar la justicia que plantea CC, apunta a la construcción de paz y reconciliación, y tiene los siguientes puntos: juicio de responsabilidades contra el fiscal general del Estado, Ley de modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público, designación por la ALP de: Fiscal General y Fiscales Departamentales, reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial y derogación del Decreto Presidencial Nº 4461.

Informó que envió una carta al presidente, Luis Arce, donde propone un acuerdo político entre todas las fuerzas que tienen representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para reformar la justicia en un corto plazo. El objetivo final sería posibilitar la construcción de paz y reconciliación en Bolivia.

Plantean que este proceso debe iniciarse con el cambio del fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, y denunciarlo para un juicio de responsabilidades por su rol en el manejo de todos los casos vinculados a "fraude electoral" y "golpe de Estado".

La segunda propuesta pasa por modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público que debe establecer que el fiscal general y los fiscales departamentales sean designados por dos tercios de votos de la ALP, previo concurso público de méritos.

En relación a la reforma Constitucional para modificar el sistema de elección de los magistrados del Órgano Judicial, señaló que dicha reforma debe garantizar la independencia e idoneidad de la cabeza del Órgano Judicial e implementarse antes de la fecha prevista para la próxima elección judicial del año 2023.

“Concluida la designación de fiscales hecha por la ALP y promulgada la Ley de Reforma Constitucional o, en su caso, la Ley de Garantía de Independencia del Órgano Judicial en los plazos establecidos por este Acuerdo, la ALP aprobará los juicios de responsabilidades por los hechos de violencia identificados en el informe del GIEI, sin ningún tipo de discriminación o exclusión, otorgando la misma celeridad a todos los casos que se presenten”, sostiene el punto cuarto de la propuesta.

Mesa recordó que Arce habló de derogar el decreto presidencial referido a la amnistía e indulto que solo beneficia a los simpatizantes del Movimiento al Socialismo, pero hasta ahora no se hizo oficial.

Detalló que la reforma judicial de los 90 días iniciará cuando se suscriba el acuerdo nacional de paz y reconciliación. 

El GIEI presentó su informe de análisis sobre los hechos ocurridos en el 2019 y subrayó la falta de independencia de la administración de justicia principalmente en el ámbito penal. Identificó problemas de autonomía en la Fiscalía y el Poder Judicial.

Mesa recordó que el Gobierno tiene una lectura sesgada de los informes porque solo toma las partes que le interesa como el caso “golpe de Estado”, pero instó a leer el informe de manera más amplia, ya que dicho informe fue aceptado por el oficialismo, oposición y la misma población.

/ANF/NVG//