La Iglesia católica boliviana, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), han tenido que aclarar y reiterar (al mundo) la existencia del megafraude electoral ocurrido en octubre de 2019 en Bolivia. Este megafraude, planificado desde el Gobierno de Evo Morales y ejecutado por el anterior Tribunal Supremo Electoral, pasará a la historia como la maquinaria al servicio del engaño, a plena luz del día y hasta por escrito. Los veedores internacionales, que se encontraban en La Paz (invitados por el gobierno de Evo Morales), presenciaron la “escena del crimen”, esto es, se encontraban en el Tribunal Supremo Electoral.

La Constitución establece que el Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. La función esencial o fundamental de este Tribunal es, en efecto, garantizar al ciudadano el ejercicio del sagrado derecho al voto cuando concurre libremente a ejercer su derecho político, como elector o como elegido. La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada y de ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público.

Sin embargo, la planificación del fraude comenzó con la cuarta habilitación de Evo Morales y Álvaro García Linera para las elecciones generales. El anterior Tribunal Supremo Electoral ya se había mostrado de cuerpo entero y al servicio de la reelección indefinida de esos candidatos. Con anterioridad ya había echado por la borda el referendo del 21F, y todo esto tenía el objetivo central de manipular los resultados y proclamar ganador al binomio ilegal e inconstitucional. En realidad, todo el proceso electoral fue irregular, al extremo que habilitaron candidatos que no pasaron por el filtro de las elecciones primarias.

El Gobierno “azul”, ha buscado minimizar el conflicto y reducirlo a una pequeña diferencia de votos. Sin embargo, lo que comenzó como un acto delincuencial de manipuleo de votos y cambio de resultados, dejó de ser un conflicto doméstico, para convertirse en un mayúsculo problema político y ahora, además, diplomático. En cualquier caso, no se trata de una simple modificación de los resultados (que no es un detalle menor), sino de la propia perversión del proceso electoral, la degradación sistemática de la democracia, y el robo del voto ciudadano. En el fondo, nadie en su sano juicio, acepta que se haya cambiado los resultados de las elecciones de 2019, comenzaron las protestas pacíficas y la respuesta violenta del Gobierno de Evo Morales.

El anterior Tribunal Supremo Electoral, lejos de garantizar el voto ciudadano y llevar a cabo un proceso electoral transparente e imparcial, se encargó no sólo de introducir candidatos ilegales sino también de planificar y ejecutar el cambio del cómputo nacional en favor de los huidos: Evo Morales y Álvaro García Linera.

El referido proceso electoral nació infectado con el virus del fraude, y el pueblo boliviano se indignó y, por ello, demandó en las calles, con mucha convicción y determinación, el respeto a su voto. A partir del domingo 20 de octubre de 2019, el Gobierno de Evo Morales perdió legitimidad y terminó escapando, pese a su estribillo o consigna: “patria o muerte…”. Por cierto, nada de eso sucedió, sino todo lo contrario: los que gritaban esta consigna huyeron, y todo esto parece que no los deja dormir tranquilos. Se trata, por tanto, del megafraude que, lejos de ser un hecho punible común, constituye uno de los mayores crímenes que se ha cometido en contra de la democracia, la institucionalidad y el Estado constitucional de derecho.

El autor es jurista y ha escrito varios libros