En menos de dos semanas, la administración de justicia boliviana ha sido objeto de cuestionamientos y críticas por parte de dos instancias internacionales, cuyas constataciones, aunque no son ninguna novedad para la ciudadanía, evidencian la urgente necesidad de emprender una reforma judicial. Una urgencia que —si creemos en su buena fe— el Gobierno manifestó a las pocas semanas de asumir funciones, cuando tomó una iniciativa que luego se disolvió debido a la oposición de un sector del Movimiento Al Socialismo (MAS).

La semana antepasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su opinión consultiva acerca de la reelección presidencial indefinida, constató que el Tribunal Constitucional Plurinacional se arrogó atribuciones que no le competen, cuando, en 2017, interpretó un artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) para habilitar la inconstitucional repostulación de Morales a la presidencia.

El Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 del GIEI, hecho público hace una semana, constata “que entre los problemas estructurales endémicos en Bolivia se encuentran la ausencia de independencia judicial y de transparencia y objetividad en el ejercicio de la acción penal”.

Ese documento del GIEI contiene el examen “de algunos aspectos del funcionamiento de la justicia” en Bolivia y destaca “cuatro elementos: (1) la falta de independencia de la administración de justicia, (2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, (3) el uso abusivo de la prisión preventiva, y (4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia”. Sus constataciones probablemente provocan vergüenza a los jueces y fiscales probos, que deben existir, pero no sorprenden, pues todos conocemos la corrupción y otras taras del sistema judicial nacional.

A esas inobjetables constataciones se suma, desde hace unos días, el impacto provocado por el gesto desesperado de la expresidenta transitoria —encarcelada desde hace cinco meses, luego de su detención sin el debido proceso— y cuya causa ha despertado la indignación internacional.

La circunstancia es crítica para el oficialismo y evidencia aún más la necesidad de un cambio de su actitud respecto de la urgencia de emprender una reforma judicial. Reforma para la que, como bien lo señala el presidente del Senado: “Necesitamos trabajar (…) por lo menos (…) cuatro a cinco años, pero de manera muy responsable y seria”.

Esa seriedad tendría que manifestarse de inmediato, y la mejor manera es crear las condiciones óptimas y fiables para los juicios de responsabilidades por las violaciones a los derechos humanos violados en la convulsión de 2019.