Una de las principales conclusiones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 es que el funcionamiento del sistema de justicia es uno de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos que ocurren en nuestro país. En mi opinión, el problema de fondo es el control político sobre la justicia. Mientras no haya verdadera independencia para los tribunales, no habrá respeto ni garantías a las libertades y derechos ciudadanos.

El informe del GIEI analiza cuatro elementos como los principales problemas de la justicia boliviana: la falta de independencia de la administración de la justicia; la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política; el uso abusivo de la detención preventiva, y los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Según datos de la CIDH solo 163, de un total de 1.220, serían jueces de carrera. En cuanto a los fiscales, solo el 20% sería institucionalizado, según lo que les informaron. El GIEI afirma que “este carácter transitorio de los cargos de jueces, juezas y fiscales los expone a transferencias, remociones y cese de funciones con base en criterios arbitrarios y permite la posibilidad de interferencia política. Adicionalmente, compromete la independencia de sus deliberaciones y decisiones y los expone a represalias relacionadas con el ejercicio de sus funciones”.

En otra parte, el informe también señala: “El GIEI destaca que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI revisó información que indica la existencia de precedentes de persecución política en periodos anteriores y que esta práctica persiste en la actualidad”.

Una de las partes que me parecen más valiosas del informe es aquella en la que se analiza el abuso de la detención preventiva, citando que, según la CIDH, desde el 2006 se ha constatado un “uso desmedido de esta medida cautelar”, lo cual se debe, según este estudio, a una inobservancia generalizada por parte del Ministerio Publico y de la justicia de los estándares mínimos en materia de medidas privativas libertad.

Resaltan la constatación de que “el Ministerio Publico requiere habitualmente órdenes de aprehensión, incluso respecto de personas imputadas que han indicado que se someterán al proceso, a que se han presentado de forma voluntaria en cumplimiento de citaciones”. Llega a tal extremo el abuso de la detención preventiva que el GIEI advierte que se ha llegado a detener incluso a personas que se presentaron voluntariamente ante el Ministerio Publico, sin citación previa, al tomar conocimiento de que se les había iniciado procesos penales.

Con relación a la duración de la detención preventiva el informe destaca que generalmente excede los límites de tiempo razonables y que se fundamentan en que se requiere tiempo adicional para continuar con las investigaciones sin que los jueces verifiquen que la Fiscalía está realmente actuando con diligencia para producir pruebas. El GIEI también resalta que ninguna medida cautelar puede ser indefinida, especialmente la que limita el derecho a la libertad.

Como los bolivianos estamos observando, los abusos por la politización de la justicia boliviana se concentran en la reclusión que enfrenta la expresidenta Jeanine Áñez. Consecuentemente, permitir a la expresidente Áñez defenderse en libertad, en el marco del debido proceso y las garantías que establecen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, constituye la primera prueba del Estado boliviano en la implementación de las recomendaciones del GIEI.