El presidente Luis Arce afirmó este lunes que el golpe de Estado de 2019 —gobierno de facto de Jeanine Añez— no sólo dejó daños económicos sino una deuda de justicia con 38 familias, víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata.

“Aquí no estamos hablando de que simplemente el golpe de Estado dejó daño económico, sino una deuda con 38 familias en el país y la única manera de reparar y pacificar esto es con la aplicación de la justicia a la brevedad posible”, manifestó el Presidente durante el acto de devolución de cobro excesivo que hizo el gobierno de facto por la inscripción al Servicio Premilitar 2020-2021.

Dijo que los últimos acontecimientos políticos en el país, dan luces de cómo para pacificar el país de forma concreta, real y directa “aplicando la justicia” como piden las familias de las personas que han perdido la vida en noviembre de 2019.

La semana pasada el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el informe final sobre la vulneración de los derechos humanos en 2019, en el que concluyó que hubo masacres, ejecuciones sumarias, actos de racismo, que la Policía y las Fuerzas Armadas dejaron desprotegidos a las ciudadanos y el Decreto Supremo 4078, promulgado por Añez, los eximió de responsabilidad penal por las muertes, todo esto se resumió en graves violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, el Mandatario señaló que el pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Ejemplificó que golpes de Estado como el de 1971, donde también hubo muertes, 50 años después sigue habiendo impunidad para los responsables.

«Bolivia necesita avanzar, sincerarse y generar actividad económica, que permita generar empleos e ingresos a la población», afirmó el Jefe de Estado.