El vocero presidencial Jorge Richter consideró que los “sectores de la oposición” del país “no buscan la pacificación” ni la “reconciliación” si anteponen una reforma judicial a eventuales juicios de responsabilidades por las masacres de 2019.

“Los condicionamientos de que hay que reformar la justicia de forma previa para poder establecer juicios de responsabilidades o responsabilidades de los hechos de noviembre de 2019 quieren trasladar los procesos a muchos años después”, dijo el funcionario en la transmisión digital Piedra, Papel y Tinta de La Razón de este lunes.

La posición de Richter apuntó a la posición expresada este lunes por Carlos Mesa y su alianza, Comunidad Ciudadana (CC), que planteó un acuerdo nacional de paz y reconciliación en el marco del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Consideró que la pacificación implica un concepto más amplio, que consigna la inclusión y una convivencia entre iguales. «Cuando hablan de reconciliación, ¿reconciliación de quiénes? Si no estamos reconciliados desde aquellas fechas (antes de la Colonia). Como decía René Zavaleta, hubo una lógica de ‘capas dominantes’ que han sojuzgado a un sector social condenado al perimetraje», justificó.

«Lo que el país requiere es un proceso de pacificación, donde los elementos centrales, como únicos condicionales, sean la inclusión, somos distintos y vivimos en un mismo país», y la convivencia entre iguales, insistió Richter.

El expresidente (2003-2005) consideró, en conferencia de prensa, como una gran oportunidad para el país, que se encuentra en una situación “tan compleja y de alta polarización y de grandes riesgos para el futuro”, el establecer los procesos como las reformas en el Ministerio Pública y el Órgano Judicial.

“Yo le pido al Poder Ejecutivo voluntad política para cambiar a los operadores judiciales y del Ministerio Público como condición previa”, dijo Mesa ante la posibilidad de un juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez, presidenta transitoria durante las masacres de Sacaba y Senkata, en 2019, que terminó con una veintena de fallecidos por impacto de bal.

Richter consideró que no es posible atender esa demanda, ante la necesidad de reparar los daños en las víctimas de las masacres de 2019. “La justicia es una cuestión que está irresuelta por muchas décadas”, dijo el funcionario.

“Lo que no quieren es que se investigue, se juzgue y se encuentren responsabilidades y reparen a las víctimas de los sucesos de noviembre de 2019”, dijo el vocero.

El GIEI, en su informe presentado la semana pasada sobre la violencia y violación de derechos humanos en la crisis poselectoral de 2019, estableció que ese año hubo masacres, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza pública en la represión de las protestas.