El principal partido de oposición en el Parlamento, Comunidad Ciudadana (CC), del expresidente Carlos Mesa, propuso al Gobierno de Luis Arce un «acuerdo» político para reformar la Justicia del país y lograr «la reconciliación» entre bolivianos.

Mesa envió una carta al presidente Arce para proponerle la firma de un acuerdo entre las fuerzas opositoras que tienen representación en la Asamblea Legislativa y el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) para reformar la Justicia en un corto plazo y así «garantizar» un órgano judicial independiente.

Esta reforma se plantea con miras a «viabilizar juicios de responsabilidades» dentro del marco de las conclusiones del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para verificar los sucesos de 2019 en Bolivia.

La propuesta de Mesa plantea cambiar al fiscal general del Estado y modificar una norma para que la designación del nuevo funcionario sea por dos tercios de los votos de la Asamblea Legislativa, «previo concurso de méritos» y una evaluación de un comité ciudadano.

El plazo para realizar este cambio sería de 90 días desde el momento de la suscripción del acuerdo.

También propone modificar el sistema de elección de los magistrados del órgano Judicial que se pueda implementar en la elección judicial de 2023.

«El sistema judicial ha perdido legitimidad y no es posible salir de la crisis política y social con un sistema de justicia colapsado, sin credibilidad y susceptible de ser manejado por el poder político», indica un boletín de prensa de CC.

El informe del GIEI detectó graves violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social de 2019 en el país desatada tras los fallidos comicios de ese año, además advirtió sobre «serias deficiencias» del Estado boliviano para garantizar la independencia del órgano Judicial y el Ministerio Público.

Por su parte, Arce indicó en un discurso que «la forma correcta de pacificar» el país es con «la aplicación de la justicia a la brevedad posible».

«El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio. Bolivia necesita avanzar», sostuvo Arce.

Bolivia se mantiene enfrascada en una polémica entre el oficialismo, que asegura que Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado, y sus detractores, que sostienen que la crisis fue consecuencia de las denuncias de fraude a favor del exmandatario en los fallidos comicios generales de 2019, luego anulados.