La justicia boliviana cargó con una buena parte de las responsabilidades que detectó el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política de 2019. Los encargados de la investigación pusieron sobre la mesa los abusos que cometieron sus operadores, incluso desde mucho antes del estallido violento de ese año.

La investigación parte con un recuento de las victorias electorales de Evo Morales desde 2005, que supuso “una ruptura radical con el pasado” debido al origen indígena del exmandatario.

Posteriormente, refleja y con detalle los dictámenes judiciales que habilitaron a Morales para ser reelecto, a pesar de los límites fijados en el artículo 168 de la Constitución que establece la posibilidad de repetir la elección por dos veces de manera sucesiva.

En el documento existe un relato de las renuncias de vocales del Tribunal Supremo Electoral tras el referéndum del 21 de febrero 2016, cuando fracasó el intento del MAS de modificar la CPE en favor de la reelección indefinida.

“Pese a que con anterioridad a la convocatoria del referéndum, el presidente Morales había señalado que en caso de perderlo aceptaría los resultados, e inmediatamente después de conocidos estos, reafirmó que los respetaría, en septiembre de 2017, senadores y diputados del MAS presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la ley del régimen electoral, aduciendo que el impedimento de participar en más de una reelección continua para las autoridades elegidas limitaba indebidamente los derechos políticos”, establecidos en el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos, señaló el reporte.

Luego, el GIEI detalla que el Tribunal Constitucional emitió en noviembre de ese año el fallo 084/2017 que declara: “Bajo la aplicación del control de convencionalidad, el derecho a participar en las elecciones, en tanto es un derecho humano protegido por la Convención, debe prevalecer por sobre las normas del derecho interno”. Este instrumento fue el aval para que Morales participe en las elecciones de octubre de 2019.

La oposición y organizaciones ciudadanas protestaron. “Estas manifestaciones de oposición a la reelección fueron desestimadas por el Gobierno. En un discurso en Chapare, Morales afirmó que se trataba de ‘manifestantes que no sabían realizar marchas’, incluso se ofreció a enseñarles cómo organizar las movilizaciones. Asimismo, tildó a las agrupaciones ciudadanas como ‘alfombras de la derecha’”, dice el informe.

Patricia Tappatá, directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la Unesco, que formó parte del GIEI, remarcó en varias ocasiones que el mandato de su trabajo no fue dilucidar los factores políticos de la crisis de 2019, sino establecer las vulneraciones de derechos en ese tiempo.

El texto presentado por los expertos es contundente respecto a los problemas estructurales de la justicia. “El tema de la justicia no solo genera sufrimiento y dolor como hemos visto en estos cuatro meses de 2019, sino que es una fuente de discriminación, de lejanía de la población, de la vida cotidiana de los bolivianos y las bolivianas”, dijo Tappatá el viernes en Montero tras la presentación del informe.

Luego, en una entrevista con la Deutshe Welle de Alemania, la especialista comentó que a pesar de los avances de inclusión que logró el proceso de cambio, la justicia y la Policía quedaron “totalmente rezagada”.

“Magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos, como se evidencia en el análisis de las investigaciones y los procesos judiciales”, puntualizó el documento independiente.

Paulo Abrão, exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conversó con EL DEBER sobre el documento. “La agenda de derechos humanos debe ser suprapartidaria y no se debe politizar. Espero que esta experiencia contribuya a un proceso de reconciliación legítimo y verdadero, sobre la base de un compromiso de reparación a las víctimas”, afirmó.

Cuatro días antes de la presentación del informe del GIEI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos oficializó el fallo de la Opinión Consultiva OC-28/21 que declaró que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano que sea reconocido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“La reelección indefinida no es un derecho humano. La violación de este principio generó graves arbitrariedades contra la democracia. Corresponde juicio a quienes, como Morales, en su ambición, usaron tal falacia para violar la CPE y burlar la decisión del referéndum del 21F”, señaló Carlos Mesa, líder de CC. /El Deber