Medio: El País
Fecha de la publicación: lunes 23 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Judicial
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El Ministerio Público emitió una nueva imputación formal en contra de la ex presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Nataly Vargas Gamboa, ahora por la presunta comisión del delito de anticipación o prolongación de funciones por no haberse apartado del cargo tras la derogación de su nombramiento y la designación de Gustavo Ávila Mercado como vocal.
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El Ministerio Público emitió una nueva imputación formal en contra de la
ex presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Nataly Vargas
Gamboa, ahora por la presunta comisión del delito de anticipación o
prolongación de funciones por no haberse apartado del cargo tras la derogación
de su nombramiento y la designación de Gustavo Ávila Mercado como vocal.
El caso se
encuentra a cargo del fiscal de materia Gabriel Alarcón, que en su
argumentación indica que la investigación “arroja suficientes elementos de
convicción como para sostener que la encausada Nataly Viviana Vargas Gamboa se
hubiese prolongado en sus funciones como presidenta del TED, después de
habérsele comunicado oficialmente que ha cesado en el desempeño de su cargo”.
El hecho se refiere
a que el Decreto Presidencial 4532 de 21 de junio designaba al ciudadano
Gustavo Antonio Ávila Mercado como vocal del TED, derogando el decreto previo
emitido por la ex presidenta Jeanine Áñez con el cual la nombraba a ella.
La imputación
refiere que el 2 de julio con la nueva conformación de la Sala Plena del TED se
nombró a Ivone del Rosario Martínez como la nueva presidenta de la entidad.
Sin embargo,
posterior a este hecho Vargas habría incurrido en el delito de prolongación de
funciones cuando el 5 de julio firmó y selló como presidenta del TED en
documentos de la institución, además que habría dado entrevistas a medios de
comunicación asegurando que permanecía en el cargo.
El Código de
Procedimiento Penal define que incurre en el delito de prolongación “El que
ejerciera funciones públicas sin título o nombramiento expedido por autoridad
competente y sin haber llenado otros requisitos exigidos por ley”, además de
establecer que, en caso de haber responsabilidad, la sanción consiste en la
prestación de trabajo de dos a seis meses.
El País intentó
contactar a la imputada para acceder a una entrevista, sin embargo, no se
obtuvo una respuesta.
Esta es la segunda
imputación formal en contra de Vargas, la primera se emitió la pasada semana
por el presunto delito de incumplimiento de deberes, con relación a supuestas
irregularidades y sobreprecio en el proceso de compra de insumos de
bioseguridad para las elecciones generales de 2020.
