Son 468 páginas en 8 capítulos de un informe que parece exhaustivo, consistente y equilibrado. Es un documento valioso cuya trascendencia bien puede resumirse en 4 puntos:

1. Se trata de una “memoria” de la trágica historia reciente que, retratada en los muertos y heridos y en el descalabro de las instituciones, plantea la imperiosa necesidad de revalorizar la vida, el ser humano, su libertad y su dignidad, a tiempo que intenta señalar caminos para revalorizar también las instituciones y la convivencia democrática.

2. Si bien el informe no entra a los orígenes profundos de la crisis -no tiene por qué hacerlo- vinculados a los modelos estatales fallidos de estos 40 años últimos, nos da cuenta que la intolerancia, el racismo y la polarización discursiva de los líderes, han impedido la construcción de mínimos horizontes comunes a partir de los cuales podamos encarar y resolver los problemas centenarios de Bolivia. Nos dicen los expertos que tenemos visiones excluyentes y unilaterales, donde los gobernantes creen que el sufrimiento de las víctimas se produce sólo de su lado, donde lo indígena sigue siendo objeto de manipulación o de desprecio, donde los caudillos prorroguistas se sienten dueños del poder y de las instituciones. Cuando el “informe” da cuenta de los “discursos antagónicos de los líderes políticos” o cuando “recomienda” que las “autoridades políticas no deben pronunciarse sobre las investigaciones y los juicios…”, estos expertos están radiograficando a nuestros conductores en su pequeñez, en su falta de visión estatal y en su lamentable vocación por las pequeñas guerras sin destino.

3. El “informe” nos da cuenta del daño irreversible que produce el autoritarismo y la impunidad y nos previene que si no hay investigación, verdad y justicia estamos condenados a repetir una y otra vez el descalabro nacional de las masacres.

4. Y la administración de justicia ha sido sentada en el banquillo con motivo de este “informe”. Como hemos venido reiterando todos estos meses, nuestra administración de justicia es miserable, no sólo por el mísero presupuesto que le asigna el Estado, sino por la subordinación de jueces y fiscales al poder político, por la incompetencia de los operadores de justicia que son nombrados a partir de su filiación política, por la corrupción generalizada, por el inhumano hacinamiento carcelario, por las detenciones preventivas como mecanismo de tortura de los acusados. Todo esto, con un lenguaje más sobrio, nos dicen los expertos y piden de los gobernantes la “voluntad política” para cambiar en algo este desastre.