Son 468 páginas en ocho capítulos de un informe que parece exhaustivo, consistente y equilibrado. El Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) es un documento valioso cuya trascendencia bien puede resumirse en cuatro puntos:

1. Se trata de una memoria de la trágica historia reciente que, retratada en los muertos y heridos y en el descalabro de las instituciones, plantea la imperiosa necesidad de revalorizar la vida, el ser humano, su libertad y su dignidad, a tiempo que intenta señalar caminos para revalorizar también las instituciones y la convivencia democrática.

Es que el autoritarismo de casi todos los gobernantes ha malogrado la recuperación democrática, al extremo de convertirse en rutinaria la contabilización de muertos y heridos, casi naturalizando la violencia estatal y la violación de los derechos humanos a partir de la impunidad de los gobernantes. El Informe constata la terrible realidad donde ya casi nadie se conmueve frente a la muerte de compatriotas con motivo de las confrontaciones que devienen en masacres, en la eliminación física del adversario, o en su persecución judicial, seguida luego de tratos carcelarios inhumanos.

2. Si bien el informe no entra en los orígenes profundos de la crisis —no tiene por qué hacerlo— vinculados a los modelos estatales fallidos de estos 40 años últimos, nos da cuenta de que la intolerancia, el racismo y la polarización discursiva de los líderes, han impedido la construcción de mínimos horizontes comunes a partir de los cuales podamos encarar y resolver los problemas centenarios de Bolivia. Nos dicen los expertos que tenemos visiones excluyentes y unilaterales, donde los gobernantes creen que el sufrimiento de las víctimas se produce sólo de su lado, donde lo indígena sigue siendo objeto de manipulación o de desprecio, donde los caudillos prorroguistas se sienten dueños del poder y de las instituciones. Cuando el Informe da cuenta de los “discursos antagónicos de los líderes políticos” o cuando recomienda que las “autoridades políticas no deben pronunciarse sobre las investigaciones y los juicios…”, estos expertos están radiografiando a nuestros conductores en su pequeñez, en su falta de visión estatal y en su lamentable vocación por las pequeñas guerras sin destino.

3. El Informe nos da cuenta del daño irreversible que produce el autoritarismo y la impunidad y nos previene que si no hay investigación, verdad y justicia estamos condenados a repetir una y otra vez el descalabro nacional de las masacres.

Es que, si bien los expertos no ahondan en antecedentes más lejanos, los bolivianos no debemos olvidar —para no hablar hoy de las dictaduras— que los 37 fallecidos de fines de 2019, suman dolor y sangre a los masacrados en octubre negro en 2003, a los que murieron en Amayapampa y Capasirca, en la represión antinarcóticos del Chapare, en el hotel Las Américas, en la Calancha, sin olvidar la suerte de los integrantes de la CNPZ, de Posokoni o Panduro, amén de los ultrajes en Chaparina y del ya largo rosario de violaciones y atropellos, en plena democracia.

Todos esos hechos y muchos más, década tras década, durante los últimos 40 años, están impunes, ninguna investigación culmina, todo queda entrepapelado, los gobiernos y las instituciones, fuera de los “pésames” no mueven un solo dedo para investigar los hechos, e imponer las sanciones tratando de que no se repitan, rompiendo la cadena de la intolerancia para labrar una verdadera convivencia democrática.

4. Y la administración de justicia ha sido sentada en el banquillo con motivo de este Informe. Como hemos venido reiterando todos estos meses, nuestra administración de justicia es miserable, no sólo por el mísero presupuesto que le asigna el Estado, sino por la subordinación de jueces y fiscales al poder político, por la incompetencia de los operadores de justicia que son nombrados a partir de su filiación política, por la corrupción generalizada, por el inhumano hacinamiento carcelario, por las detenciones preventivas como mecanismo de tortura de los acusados. Todo esto nos dicen los expertos, con un lenguaje más sobrio, y piden de los gobernantes la “voluntad política” para cambiar en algo este desastre.

Sí, hoy está acusada la justicia y deberíamos ajusticiarla, cortarle la cabeza para luego ir diseccionando el cuerpo y retirando los tumores que han hecho metástasis en todo el cuerpo.

No solo que hay que cambiar de inmediato al Fiscal General para reorientar absolutamente las investigaciones, sino que tenemos que iniciar ya la reforma judicial, sin esperar nada del Estado; entregar la tarea a la gente e impulsar un referendo ciudadano que, desde la Constitución, establezca parámetros de independencia, de idoneidad, de transparencia y de gratuidad en la labor de los jueces para combatir la impunidad de hoy pero también, la de ayer y valorar la vida, la dignidad y la libertad de todos.