A pocos días de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre las violaciones a derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, este documento está generando polémica y diversas posturas sobre su contenido. 

El Gobierno se ha comprometido a aplicar las recomendaciones del informe con imparcialidad, pero varios actores políticos desconfían de que eso pueda ocurrir.  

Para conocer con más detalles la postura oficial sobre el tema, conversamos con el vocero de Gobierno, Jorge Richter.

Los Tiempos. - Una vez que el Gobierno ha conocido el contenido del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sus conclusiones y recomendaciones, ¿qué acciones ya está tomando?   

Jorge Richter. - El GIEI da 26 recomendaciones. De todas estas la quinta es una de las principales porque señala que se debe investigar, encontrar responsabilidades, sancionar, garantizar transparencia y respetar el debido proceso para todas las personas involucradas en los hechos que el informe ha investigado.

Una de las primeras acciones que el Gobierno va a implementar es abrogar el decreto de amnistía, como lo recomienda el informe.

Luego se va a investigar todos los casos y personas involucradas en los hechos de violación de los derechos humanos del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

Para lo que es Senkata y Sacaba, establecer e impulsar los procesos porque se trata de masacres con ejecuciones sumarias. Son muertes que se producen desde la instrumentalización de los poderes represivos del Estado como son la Policía y las FFAA.

Para ellos debemos invocar la realización de un juicio de responsabilidades a través de la Fiscalía y la Asamblea Legislativa.

Otra acción que vamos a impulsar es la realización de un censo de todas las víctimas para establecer programas de reparación y resarcimiento a las víctimas.

Este resarcimiento tendrá un alcance en función de lo que establece este censo.

No solamente está el hecho político, está también el hecho humano hacia las víctimas.

Varios organismos internacionales, como la ONU y la Unión Europea, han sugerido tratar este tema del informe con imparcialidad y dar un paso hacia a la pacificación del país. ¿Cree que pueda cumplirse esto con lo que se viene ahora con más juicios y acusaciones?

Entre las 26 recomendaciones que realiza el GIEI al Estado, una de ellas dice que toda violación de derechos humanos que se haya cometido en ese periodo de investigación debe ser procesada y sancionada. No por tema de revancha, sino para cerrar un tiempo de profundo conflicto social que ha llevado al grado extremo de generar muerte. Este evento se tiene que cerrar institucionalmente. 

Luego recién se podrá dar el siguiente paso, la pacificación. Este es un proceso que se puede implementar, pero cuando no hay temas pendientes inmediatos.

Lo importante es encontrar justicia y luego llegan los otros elementos.

Qué ocurre en noviembre. ¿Por qué una situación de conflicto político, de ruptura institucional tiene como consecuencia la formación de un Gobierno no constitucional? Y luego viene el cómo sostener ese Gobierno y eso se hace con represión a los distintos sectores que se movilizan y expresan su desacuerdo.

Hemos tenido una situación de crisis política iniciada en 2019 y ha decantado en un mecanismo no constitucional para sostenerse y eso ha terminado en masacres y muertes. Y eso no se cierra fácilmente.

Dijo que leyó informe, ¿habla de golpe de Estado el GIEI?  

El informe no habla de golpe de Estado y tampoco de la narrativa del fraude. Pero los expertos han dicho algo importante, que hay un contexto de ruptura institucional y en ese contexto se generan estos eventos de violencia.

La crisis política de 2019 tiene diferentes matices y ahora, ¿la resolución del este proceso es a través de una ruptura institucional?, es la pregunta.

Una crisis política debe tener una salida dialógica o democrática, o las dos, pero nunca con ruptura institucional. 

Cuando eso ocurre, como lo hizo Banzer hace 50 años, lo que hace un Gobierno para sostenerse es reprimir y eso genera muerte.

Un elemento que genera dudas, especialmente en la oposición, es sobre si el Gobierno va a asumir esta conclusión del GIEI de que hubo víctimas de ambos lados. Ahora, las personas afines al MAS involucradas en hechos de violencia en 2019, ¿también estarán sujetas a procesos?

Hay un compromiso del Gobierno de que cumplirá todas las recomendaciones del informe e investigará a todos.

El informe recomienda no ser selectivo políticamente y nosotros lo tomamos. 

Otras susceptibilidades que pueden estar instaladas en ciertos actores políticos del país tienen que ver con el estado de la administración de justicia en país.

Si embargo, esta instrumentalización de la justicia viene del Gobierno de Áñez porque el propio informe lo dice. En esa gestión hubo detenciones sin figuras políticas acusatorias que se convierten en ilegales y arbitrarias y con periodos de detención por encima de lo que señala la ley.

Los que reclaman tienen temor de que esa justicia que han instrumentalizado se vuelque contra ellos de la misma forma en la usaron.

Ya lo señalaron el ministro Lima y el propio Presidente, se va a respetar el debido proceso en cada uno de los casos para que todos terminen en justicia y transparencia.

Sobre las ampliaciones a las detenciones preventivas de varios procesados por el tema golpe de Estado, empezando por la propia presidenta Áñez, ¿no cree que ya es un atentado al debido proceso?

No hay una violentación al debido proceso porque existe una acusación. La investigación está en curso. Ahora, estos tiempos de detención las tiene que revisar la justicia y verá si es el mejor camino. 

El lapso que está detenida una persona es para su proceso de investigación, y no es creación de este Gobierno. Recuerdo que a don Carlos Romero le dieron seis meses de detención preventiva.  

Se violentan los derechos cuando se detiene a una persona y no tiene causa. Y eso ha ocurrido con cientos de personas, pero no es el caso de esta investigación.

Senkata y Sacaba tienen 20 personas muertas en ejecuciones sumarias, y no como había dicho ese ministro de Estado que se mataron entre ellos.

El caso de la planta de gas de Senkata ha quedado claro, según el GIEI que no existía ninguna posibilidad de atentado. Sin embargo, en ese momento se ha detenido a gente por un tiempo y sin proceso. Eso es no respetar el debido proceso.

Y la gente que ahora reclama teme ser víctima de similar trato, de esta instrumentalización de la justicia.

Qué acciones está asumiendo el Ejecutivo para cambiar esta forma de administrar la justicia. Al principio de la gestión de Arce se anunció un plan, pero luego quedó en nada. 

Esa es una respuesta que le compete más al ministro de Justicia y yo no puedo interferir u opinar.

Sin embargo, él ya anunció que se van a retomar todas las acciones para la reforma de la justicia.

Ahora, esto no significa que haya que esperar esta reforma de la justicia para después gestionar las recomendaciones del GIEI. Los males de la justicia vienen desde hace más de 50 años, la mala administración se arrastra desde hace mucho tiempo. Tampoco debemos esperar que la justicia cambie en un fin de semana o a través de un decreto.

Ya en la aplicación de los procesos, todo indica que vendrán más y ocuparán gran parte de la gestión de este Gobierno. ¿Avizora que en algún momento Bolivia tendrá paz?

Sí, tiene darse ineludiblemente porque es una demanda histórica. Hay  hechos irresueltos en nuestro país. Una es la pacificación, no se ha logrado conciliar a dos grandes grupos sociales y esto genera crisis política.

De un lado está un grupo de la sociedad civil que emerge y se articula con el Estado y deviene de movimientos sociales a movimiento político y constituye un nivel de poder político que sustituye a la vieja partidocracia.

Y del otro lado esta ese esfuerzo de esta partidocracia por restituir su poder político y ahí entramos a una lógica circular de sustitución de élites.

No puede haber pacificación porque este enfrentamiento entre dos grupos sociales está desde el 6 de agosto de 1825, con el mismo esquema.

Lo que queda por hacer es construir un espacio para resolver las asimetrías y conciliar y concertar.