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Medio: Los Tiempos
Fecha de la publicación: lunes 23 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
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El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, llegó a Cochabamba
después de la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Internacionales (GIEI), que incluye 11 conclusiones y más de 45
recomendaciones para el Estado de Bolivia, sociedad civil y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
Más de una apunta a las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la
recomendación número 19: “Adecuar normas, procedimientos y estructuras de la
Policía y de las Fuerzas Armadas para fortalecerlas como instituciones
esenciales del Estado Democrático de derecho. Estas Instituciones deben estar
subordinadas al poder civil, y sometidas a controles internos y externos y a
reglas de transparencia y rendición de cuentas”.
Novillo señala que se están trabajando en ajustes normativos
dentro la institución militar, pero no solo por la recomendación del GIEI, sino
porque es necesaria una adecuación a la Constitución Política del Estado.
A raíz de las recomendaciones del GIEI, ¿qué ajustes se
harán en las Fuerzas Armadas?
Bueno, no necesariamente en base a las recomendaciones
del GIEI. En el campo estrictamente militar y de la institución de las Fuerzas
Armadas, hay toda una propuesta, ajuste y modificación de la normativa,
particularmente, teniendo en cuenta que la Constitución Política del Estado
Plurinacional ha sido promulgada el 2009.
Es decir, es una norma a la que se deben adecuar la Ley
Orgánica de las FFAA y todo el resto de la normativa del campo militar
debe ser readecuado, este debe ser un trabajo, pero no es
necesariamente en el ámbito de lo que significa el GIEI.
Entonces, ¿a dónde apunta el informe?
El GIEI más que todo, es decir, recomienda trabajar
–yo lo entiendo así- desde el marco estructural el ámbito de la transformación
de la justicia para que la justicia, ante todo, sea confiable y no solo para la
clase política, sino para todo ciudadano.
En ese marco, yo creo que ese trabajo hay que hacerlo de
manera muy profunda, pero también tiene sus bemoles, tiene sus complejidades el
ámbito de la justicia. En ese marco, a través del Ministerio de Justicia, a
través de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del mismo Ministerio de
Justicia, desde las carreras, las facultades de derecho, los mismos actores; de
hecho, los académicos, todos tendremos que participar de lo que significa el
ajuste, la modificación, la reforma que requiere el sistema judicial, ya que
todos aspiramos a que todos tengamos una justicia imparcial, una justicia que
pueda garantizar al ciudadano la otorgación de sus derechos tal cual establece,
es decir, la legalidad y la justicia.
En las Fuerzas Armadas, ¿esto pasa por la
modificación de la LOFA?
No tanto como una reforma, sino como una adecuación más
que todo a la Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE), porque la
Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas (LOFA) ha sido aprobada antes que la CPE y
lo que hay que hacer es adecuarla y muchas normativas en el Estado
Plurinacional. En las instituciones quizá tengan esta problemática y (por) la
sensibilidad en las Fuerzas Armadas quizá esto no se encare, pero se tenga
que encarar y están dispuestos los del mismo (Alto) Mando (de las FFAA) y
han sugerido este trabajo, lo tenemos que realizar.
¿Ya lo están haciendo?
Estamos con planteamientos y propuestas. Estamos buscando
el mejor mecanismo que nos garantice la participación tanto del mando militar,
de los legisladores y de entendidos en legislación militar con la
finalidad de generar consensos y no surjan ni cuestionamientos ni
susceptibilidades ni desconfianza de que el trabajo que estamos haciendo tenga
algún fin político partidario, sino más bien es de fortalecer la institucionalidad
de las Fuerzas Armadas teniendo como marco la Constitución Política del Estado.
“LAS ÓRDENES MAL DADAS NO SE CUMPLEN”
Tras la presentación del informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el ministro de Defensa,
Edmundo Novillo, dijo que el Alto Mando de las Fuerzas Armadas “no debería
haber dado cumplimento al Decreto Supremo 4078 (de 2019) que autorizaba —con la
finalidad de mantener en el poder a un gobierno inconstitucional— utilizar la
fuerza para reprimir”.
La autoridad explicó que el decreto supremo generó todo un
plan de represión que llevó a las muertes de Sacaba y Senkata que “lo denomina
como masacre algo más grave como ejecuciones sumarias extrajudiciales”.
MILITARES DETENIDOS BUSCAN INDUCIR A UN “NUEVO GOLPE”
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo que las
declaraciones de los militares procesados por las muertes registradas en
noviembre de 2019 y que afirmaron sentirse “abandonados”, tienen un
mensaje para inducir a un “nuevo golpe de Estado”.
“Los militares que han tenido una mala conducta,
antipatriótica, que han disparado contra su pueblo tienen el derecho a
defenderse, tienen los medios para defenderse. Lo que hay que ver es el debido
proceso, hay que ver que estos juzgamientos estén en el marco de la ley. Creo
que hay en el fondo un mensaje de estos malos militares que quieren en cierta
manera inducir a las FFAA a que generen un nuevo golpe de Estado y eso no puede
suceder”, dijo en entrevista.



