La justicia y la Fiscalía de Bolivia ya pueden considerarse una vergüenza internacional. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) les dedica todo un capítulo y entidades internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) se pronunciaron reiteradamente pidiendo justicia imparcial y debido proceso para los casos relacionados con la crisis política de 2019.

Entre todos, sin embargo, el que se ocupa del tema a profundidad es el GIEI que, en su informe, expone cuatro constataciones: 1) la falta de independencia de la administración de justicia, 2) la ausencia de garantías del debido proceso y debida diligencia en materia penal mediante la instrumentalización del sistema de justicia para la persecución política, 3) el uso abusivo de la prisión preventiva  y 4) los obstáculos al derecho al acceso a la verdad y la justicia.

Frente a ese diagnóstico, el grupo de expertos, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, advierte que “el Estado requiere implementar reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura y el Ministerio Público no sean utilizados para fines políticos por el gobierno de turno, se respeten las garantías al debido proceso, y se utilice la detención preventiva de manera excepcional, como último recurso, en los procesos penales. Se advierte la urgente necesidad de que se revise la legislación penal respecto de tipos penales ambiguos, como los de terrorismo, sedición e incumplimiento de deberes, para evitar la utilización de los mismos de manera arbitraria”.

La radiografía y la propuesta no son una novedad para los bolivianos que, día a día, padecen con una justicia y una Fiscalía al servicio del poder político de turno. Sin embargo, que lo digan expertos internacionales que hicieron seguimiento a la crisis política del país debería ser motivo de bochorno nacional y particularmente del actual gobierno que se niega a encarar una reforma seria y profunda del sistema.

Hay que recordar que el informe del GIEI se refiere únicamente al período comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, por lo que los ejemplos que pone en su informe sobre la manipulación de la justicia parecen una acusación únicamente al gobierno transitorio de Jeanine Añez;  sin embargo, si los expertos se dieran otra vuelta por el país verían que los acusadores de entonces son ahora los acusados y víctimas de persecución política.

El GIEI cita como ejemplos del mal manejo de la justicia  los casos de la exjefa de gabinete de Evo Morales, Patricia Hermosa; de la trabajadora del hogar de la casa de Juan Ramón Quintana, Edith Chávez; de los vocales electorales; de los guerreros digitales, entre otros, que fueron acusados cuando el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo,  oficiaba de jefe de los jueces y fiscales del país.

Ahora las cosas han cambiado. Los nuevos jefes de los jueces y fiscales son el ministro de Justicia, Iván Lima, y el procurador Wilfredo Chávez y, ahora los abusos se cometen contra los opositores, entre ellos la expresidenta Jeanine Añez, quien también fue detenida sin orden, no tiene acceso a la salud y permanece presa más tiempo del estipulado por las leyes. No sólo eso, la Fiscalía la acaba de acusar de genocidio, pese a que el GIEI, expresamente, dijo que ese delito no corresponde.

Pese a los ejemplos que registra, el GIEI admite que el problema de la justicia en Bolivia es estructural y que no tiene que ver un período corto.

Precisamente por eso, la mayor responsabilidad debería ser del MAS, que ya lleva en el poder más de 15 años y que, durante este tiempo, ha destruido la poca institucionalidad que existía.

Cuando todos creían que el ministro Lima implantaría una verdadera reforma judicial, tal como prometió al inicio de su gestión, éste terminó convertido en el nuevo manipulador de un órgano que debería ser independiente.