He leído con azoro los dardos disparados contra el proyecto de Ley de Organizaciones Políticas propuesto por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). La primera objeción esgrimida es que sus autores fueron designados por el MAS. Ello los invalidaría para proponer lo que sea. La Constitución fija que las autoridades electorales emergen de un acuerdo tomado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Pues sí, el MAS es el único que posee esa súper mayoría, construida tras los comicios de 2014. ¿Acaso dicha elección no es un acto irreprochable de la voluntad social del momento? Entonces es obvio que dichos vocales gocen de la confianza del oficialismo. No podía ser de otro modo. Pese a ello, los actuales miembros del TSE son mil veces más confiables que sus antecesores, esa comparsa chapucera y chacotera que en 2015 anuló la segunda vuelta en Chuquisaca.

Uriona, Exeni, Costas, Choque y Sandóval, a quienes conozco mejor, están ahí no solo porque el MAS les tiene fe, sino sobre todo por su trayectoria y credibilidad. Ellos tienen un nombre que cuidar y por eso hicieron valer los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016.

El segundo reproche opositor es que el proyecto de ley, que en aras de la brevedad podemos bautizar como Uriona, busca veladamente darle un nuevo barniz legal a la candidatura de Evo en 2019. El argumento es que como el proyecto Uriona plantea convocar a elecciones primarias, el MAS usaría la ocasión para elegir a Evo como su aspirante presidencial. Dado que esa decisión emergería de un acto electoral, entonces se engalanaría de una artificiosa legalidad.

Pamplinas. Si la ley Uriona se aprobara y el MAS convocara a unas primarias en las cuales se impusiera el binomio Evo-Álvaro por el voto de sus militantes, según el texto propuesto (artículo 29), los resultados “serán vinculantes y de cumplimiento obligatorio para el partido político”. ¿Queda claro? No es el TSE el que deberá someterse a ese posible veredicto, sino solo el MAS. ¿Acaso podía ser de otra forma? ¿Se imagina usted que después de que un partido efectúa una primaria, su dirigencia haga muecas para desconocer el resultado?

Más aún, de acuerdo con el proyecto Uriona, una de las infracciones que un partido puede cometer es “presentar candidaturas que no cumplan con los requisitos de acceso a la función pública y/o incurran en causales de inelegibilidad a cargos públicos electivos”. ¿No es acaso eso lo que pretende hacer el MAS con la repostulación? El TSE tendría que sancionarlo entonces.

Hasta aquí queda claro que la oposición lee todo lo que cae ante sus ojos en clave de “Bolivia dijo No”. Por eso se obsesiona con los elementos citados. Es triste que por ello eluda el análisis riguroso. No ha visto, por ejemplo, que los artículos 38 y 39 sobre el transfugio político son una extravagante improvisación. El proyecto Uriona quiere entregarle la propiedad de los curules a los partidos. Así, cuando un diputado, senador o concejal se enemiste con su sigla, debe devolver la silla. Eso da miedo. El proyecto Uriona se equivoca al querer penalizar la disidencia interna e intenta entregar un garrote para que las cúpulas partidarias mantengan agachada a su militancia. De haberse aplicado antes, por ejemplo Marcelo Quiroga Santa Cruz, diputado electo en 1966, hubiera sido echado del Congreso por abrazar banderas seguramente desagradables para los propietarios de la sigla que lo invitó a candidatear. La conciencia individual de toda autoridad electa es sagrada y solo puede ser frenada por la revocatoria del mandato a cargo de sus electores, no de su partido.