El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) revela que, tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Jeanine Añez, la Policía ejecutó “represión selectiva” contra movilizaciones de grupos políticos. El documento cita ocho hechos que ponen en evidencia la falta de neutralidad con que se actuó en los conflictos de 2019.

“El análisis de los hechos revela que, por procesos externos e internos, la institución policial fue instrumentalizada durante las disputas políticas. Si inicialmente es posible notar una actuación dictada desde los gobiernos para promover una represión selectiva a grupos políticos específicos, con el motín se percibe un movimiento primordialmente endógeno, con el quiebre del orden jerárquico y la imposición de posicionamientos políticos opuestos al Gobierno nacional”, señala parte del informe del GIEI sobre la actuación de la Policía.

En el documento, los expertos califican el “repliegue policial” -que se inició en Cochabamba el 8 de noviembre de 2019- como “motín”. En el mismo, señala el texto: “La grave situación de enfrentamientos e inestabilidad política luego de las elecciones del 20 de octubre demandaba que la institución actuara con imparcialidad, de forma preventiva y asumiera un liderazgo en la contención de la violencia”.

El informe reveló que la mayoría de los entrevistados por el GIEI calificaron el trabajo de la Policía similar al de la Fiscalía y los jueces, se observó la falta de independencia y el direccionamiento político al momento de realizar las labores de investigación.

Por otro lado, el informe del GIEI no detalla el contexto que motivó el amotinamiento, sólo menciona, sin dar detalles, que los miembros de la Policía buscaban “equipararse, en términos de sueldos, condiciones y otras garantías, con los miembros de las Fuerzas Armadas”.

En ese sentido,  el GIEI citó ocho hechos que en su criterio afectaron “negativamente en la percepción de la falta de compromiso de la institución con la indispensable neutralidad política”.

El primero se refiere a las “supuestas” órdenes de los altos mandos, de ejecutar represiones selectivas, en los últimos días de octubre y primeros de noviembre, especialmente en La Paz y Cochabamba, en favor de los partidarios de Evo Morales.

En un segundo punto, los expertos afirmaron que en Santa Cruz, la Policía no intervino para contener los excesos en los bloqueos promovidos por el Comité Cívico. En otro hecho, algunas unidades permitieron “la actuación violenta de los motoqueros de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC)” en Cochabamba.

Un cuarto elemento  es la demora en la intervención para impedir las agresiones a Patricia Arce, exalcaldesa de Vinto.

El GIEI, en un quinto punto, señaló  que “las fuerzas policiales fueron omisas en la prevención de los ataques a las caravanas del sur, que se dirigían a La Paz para participar en protestas en contra del supuesto fraude electoral” el 9 y 10 de noviembre.

El informe también detalla que el comandante general, Yuri Calderón,  sugirió a Morales “presentara su renuncia”, como una sexta observación. En séptimo lugar, el GIEI sostiene que luego de la renuncia de Morales, el 10 de noviembre, “los policías amotinados se dirigieron a resguardar el Palacio de Gobierno, donde momentos después  ingresaron Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari”.

Finalmente, el informe hace referencia que “a partir del 11 de noviembre, la Policía retomó sus actividades y se involucró en actos de represión violenta de las protestas contra el supuesto golpe de Estado. En especial, en Cochabamba”, cita el documento.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, culpó a la Policía por los hechos violentos entre octubre y noviembre de  2019. “No existió una participación activa del Gobierno (de Morales), debido a que las vulneraciones a los derechos humanos se deben a la inacción de la Policía, que pudo haber evitado enfrentamientos”, dijo Del Castillo.

En contraparte, quien ocupó el cargo de Del Castillo durante los conflictos, Carlos Romero, dijo no estar de acuerdo con esa postura. “Los hechos en los que interviene la Policía  no son hechos improvisados, están recogidos y contenidos en un plan de operaciones. El único instrumento válido para identificar cuál es la instrucción recibida por la Policía, se recoge en su plan de operaciones, en su plan de operaciones en ningún caso dice que se agredan a uno, a otros, o una represión selectiva. A la Policía se le instruyó que actúe en contenciones de acción preventiva”, explicó Romero.

Ayuda de la RJC

•  Grupos  En su informe, el GIEI cita que existió complicidad entre los miembros de Policía con los grupos de choque de las “resistencias” civiles, que en algunos incidentes operaron como fuerzas parapoliciales.
• Rescate  El GIEI también menciona que “hay elementos de prueba que revelan que funcionarios policiales incentivaron y participaron en actividades de la RJC durante el período del amotinamiento. Asimismo, el Comandante Departamental de la Policía solicitó ayuda a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) para rescatar a policías que se encontrarían en la EPI-Sur, presuntamente como rehenes, durante el ataque al edificio de esa unidad, el 11 de noviembre”.