El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) reaccionó. Aceptó la propuesta del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que detectó debilidades y una ausencia de independencia que no permitió sancionar a todos los responsables de la crisis de 2019 que dejó 37 fallecidos.

El presidente del TSJ, Ricardo Torres, anunció que habrá una reforma integral con miras a “la independencia y la carrera judicial, además de un presupuesto” para enfrentar este proceso. “Las recomendaciones han sido acogidas como tareas pendientes de una deuda histórica”, remarcó Torres, pero sin fijar plazos.

La autoridad precisó que la reforma será al “sistema de administración de justicia” sobre la base de propuestas de los tres poderes.

Se trata del segundo intento para recuperar la institucionalidad de la justicia en la gestión del presidente Luis Arce. En un primer momento se creó un consejo de juristas que no dio resultados.

Por su lado, la Fiscalía, una de las entidades más observadas por los especialistas, comenzó a organizar sus actuaciones y emitió una instrucción para dejar de lado las causas abiertas por delito de “terrorismo, sedición y conspiración”, tipificaciones legales observadas por la GIEI. “Hemos efectuado la investigación por el asesinato y tentativa de asesinato, pero ahora, en función de las evidencias que hemos colectado y sobre la base de las recomendaciones de los expertos, será por genocidio”, informó ayer la fiscal de Cochabamba, Nuria Gonzales

Antes que el informe del GIEI sea conocido, el Servicio de Atención a la Víctima (Septavi), una entidad dependiente del Ministerio de Justicia, planteó una demanda por genocidio contra la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo bajo cargos de terrorismo. A esta causa se sumó la Procuraduría del Estado y el Ministerio de Gobierno.

Acusados por las muertes de civiles en las masacres de Sacaba y Senkata, la Justicia ordenó el encarcelamiento de ocho exjefes militares, pero existen otros cuatro militares que están en prisión bajo cargos de terrorismo en el caso del supuesto “golpe de Estado”.

Entre las recomendaciones del GIEI, resalta “adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales”.

Para el expresidente Carlos Mesa, líder de la opositora Comunidad Ciudadana (CC), estos tipos penales fueron empleados para justificar acusaciones del golpe de Estado. “Se cae a pedazos el invento de Evo Morales y sus servidores”, consideró el opositor.

En ese marco, Mesa planteó la renovación de todos los operadores judiciales, especialmente del fiscal Juan Lanchipa porque aplicó “una justicia selectiva” en favor de los seguidores del MAS.

Pero César Navarro, exministro de Evo Morales, cuestionó el documento porque “viola los principios de soberanía del Estado”.

El abogado Juan Del Granado, exalcalde de La Paz, afirmó ayer que tanto el MAS como los opositores “están leyendo el informe de acuerdo con sus intereses y no de forma integral”. En su criterio, se trata de un reporte que reivindica “el derecho a la vida”.