El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, calificó de "excelente" el trabajo de la GIEI-Bolivia porque aporta "pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno" en Bolivia.

“El excelente informe del GIEI-Bolivia aporta pruebas contundentes sobre el sometimiento del sistema judicial al gobierno de turno y las gravísimas violaciones de DDHH durante las protestas de 2019, incluyendo ejecuciones sumarias y tortura durante el Gobierno de Áñez”, indicó Vivanco en su cuenta de Twitter.

Vivanco señaló que es “imperativo que la Fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad” los hechos que quejaron 37 muertes, durante las protestas de septiembre y diciembre de 2019.

Otro de los puntos que resaltó, es que el informe “elimina de una vez por todas la versión disparatada del gobierno de Áñez de que los manifestantes se mataron unos a otros en Sacaba y Senkata, donde 20 personas fueron masacradas. El GIEI-Bolivia acusa a las fuerzas de seguridad de ejecuciones sumarias”.

Vivanco señaló que se requiere una investigación seria, imparcial e inmediata de “arrestos ilegales, tortura sistemática de detenidos, agresiones sexuales y un patrón de arbitrariedad por la policía”, que fueron documentados en El Alto por GIEI. 

Añadió que el grupo también documentó “ataques muy graves contra manifestantes contrarios a Evo Morales en Vila Vila y Playa Verde. HRW entrevistó 14 testigos y víctimas de esos ataques. El GIEI-Bolivia apuntó que hubo participación y responsabilidad del gobierno de Evo Morales”

“El informe del GIEI-Bolivia debe ser tomado en serio. La fiscalía debe investigar imparcialmente las violaciones a DDHH, sin importar la opinión política de las víctimas, y los responsables deben ser enjuiciados. Y es crucial una reforma para dotar de independencia a la justicia”, señaló.

“El GIEI-Bolivia confirma las conclusiones de HRW: el carácter transitorio de la gran mayoría de los jueces y fiscales los expone a presiones políticas y el uso arbitrario de acusaciones de terrorismo y sedición, delitos definidos de modo abierto en la ley”, apuntó.