Una reparación económica y juzgar y sancionar a los responsables de los hechos de 2019. Esa es la recomendacióndel Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto a los hechos de 2019 que se dieron en Sacaba, en el departamento de Cochabamba.

En su intervención, en el acto preparado en Sacaba, el experto 
Julián Burger dijo que urge investigar, de manera efectiva, exhaustiva e inteligente todos los hechos violentos y de vulneración de derechos humanos ocurridos en 2019 para asegurar un juzgamiento e incluso sanciones contra los responsables.

“Mi tarea es compartir con ustedes algunas de las recomendaciones que arroja nuestro informe, lo cual consideramos que es de mucha importancia para esclarecer los hechos. Son más de 30 recomendaciones que entregamos al Gobierno y directamente al presidente Luis Arce Catacora, el 17 de agosto”, dijo Burger.

La primera recomendación, dijo, es la petición al Gobierno de implementar un plan de reparación integral para todas las víctimas de los hechos cometidos en la crisis de 2019.

La segunda se enfoca en crear un mecanismo para asegurar la implementación de un plan de reparación, es decir, un mecanismo en el que participen todos los actores de los hechos de violencia.

El tercero es promover actos públicos para reconocer la dignidad de todas las víctimas que sufrieron la vulneración de sus derechos y para guardar en la memoria a los fallecidos.

“La cuarta recomendación es la urgencia de investigar, de manera efectiva, exhaustiva y con inteligencia todos los derechos de las víctimas, para asegurar un juzgamiento e incluso sanciones contra los responsables de los hechos de violencia, que son documentados ampliamente en el informe”, apuntó Burger.

"Hemos notado una violencia en particular contra las mujeres (violencia sexual) y hemos pedido una prioridad para investigar esos crímenes", acotó el experto, en referencia a los hechos que tuvieron lugar en la convulsión social, que paralizó al país por 21 días; además de realizar una cumbre contra el racismo y discriminación por hechos de este tipo que pasaron en aquel entonces. 

Otra recomendación está dirigida a las instituciones públicas, para pedir a las Fuerzas Armadas que remitan al Ministerio Público y al Órgano Judicial toda la documentación relevante, relacionada con la planificación, ejecución y evaluación de los operativos realizados durante el periodo relativo en el informe.

“Pedimos también normas, estructuras y procedimientos de la Policía y las Fuerzas Armadas para fortalecer las instituciones esenciales del Estado democrático y que esas instituciones deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos, y reglas de transparencia y rendición de cuentas”, subrayó.