Medio: La Razón
Fecha de la publicación: jueves 19 de agosto de 2021
Categoría: Órganos del poder público
Subcategoría: Órgano Ejecutivo
Dirección Web: Visitar Sitio Web
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El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que el Gobierno pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH), Michelle Bachelet, una visita ‘in loco’ en 2022 para observar el estado de situación de la justicia.
Contenido
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que
el Gobierno pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH),
Michelle Bachelet, una visita ‘in loco’ en 2022 para observar el estado de
situación de la justicia.
“Vamos a seguir en ese camino de acompañamiento
internacional, hemos hablado ya con la CIDH para una posible visita in loco,
que vengan nuevamente a Bolivia al año; estamos hablando con Bachelet, con el
Alto Comisionado (de NNUU) para tener una misión que de un informe de base
sobre el estado de la justicia”, sostuvo en el programa Noches Sin Tregua de
Cadena A.
Para implementar reformas sugeridas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Lima explicó que
se trabaja en la reforma judicial, pero –dijo- vamos aceptar el acompañamiento
internacional porque eso ayuda a “sanar las heridas”
“Hay elementos que estamos marcando para que la reforma de
la justicia y este informe (de la GIEI) se cumplan en una condición que no sea
de confrontación, que no sea el ministro que dice blanco y la oposición que
dice negro, queremos tener siempre observadores internacionales que vayan
marcando esa línea de tranquilidad para el grueso de la población boliviana que
no está interesada en la confrontación”, sostuvo.
Lima enfatizó en que una de las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) hace referencia a
la reforma judicial y aseguró que no se dejará en la impunidad las muertes de
37 bolivianos causadas durante los hechos de violencia de 2019.
El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de
los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019 en Bolivia fue entregado el martes al presidente Luis Arce, con una
veintena de recomendaciones.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este jueves que
el Gobierno pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ACNUDH),
Michelle Bachelet, una visita ‘in loco’ en 2022 para observar el estado de
situación de la justicia.
“Vamos a seguir en ese camino de acompañamiento
internacional, hemos hablado ya con la CIDH para una posible visita in loco,
que vengan nuevamente a Bolivia al año; estamos hablando con Bachelet, con el
Alto Comisionado (de NNUU) para tener una misión que de un informe de base
sobre el estado de la justicia”, sostuvo en el programa Noches Sin Tregua de
Cadena A.
Para implementar reformas sugeridas por el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Lima explicó que
se trabaja en la reforma judicial, pero –dijo- vamos aceptar el acompañamiento
internacional porque eso ayuda a “sanar las heridas”
“Hay elementos que estamos marcando para que la reforma de
la justicia y este informe (de la GIEI) se cumplan en una condición que no sea
de confrontación, que no sea el ministro que dice blanco y la oposición que
dice negro, queremos tener siempre observadores internacionales que vayan
marcando esa línea de tranquilidad para el grueso de la población boliviana que
no está interesada en la confrontación”, sostuvo.
Lima enfatizó en que una de las recomendaciones del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) hace referencia a
la reforma judicial y aseguró que no se dejará en la impunidad las muertes de
37 bolivianos causadas durante los hechos de violencia de 2019.
El informe sobre los hechos de violencia y vulneración de
los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de
2019 en Bolivia fue entregado el martes al presidente Luis Arce, con una
veintena de recomendaciones.
