La presentación oficial del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre los hechos de violencia de septiembre a diciembre de 2019 ha removido el ambiente político boliviano y ha brindado bases para evaluar esos sucesos a la luz de datos empíricos y no solo de suposiciones o “narrativas”, amplificadas, particularmente, en los medios de comunicación.

Sin embargo, y a pesar de la abundante evidencia presentada sobre los excesos del Estado, especialmente desde el momento en que se operó la sucesión presidencial a través de una ruptura del orden constitucional, la interpretación del informe por parte de agentes políticos, activistas y medios de comunicación ha hecho énfasis, casi exclusivamente en la identificación de culpables y en no pocos casos en un desesperado intento de equiparar los actos de la administración de Morales con los de Áñez.

Poco o casi nada se ha dicho respecto de uno de los propósitos principales de la investigación y su correspondiente informe: “asegurar el derecho a la verdad” y su correlato en la reparación de los derechos vulnerados. Parecería que ni políticos, ni activistas, ni periodistas son capaces de mostrar si no empatía, un poco de compasión por las víctimas y familiares de quienes perdieron la vida en ese doloroso momento de la historia boliviana reciente.

Si bien es cierto que las recomendaciones contenidas en el informe del GIEI “buscan impulsar acciones y pautas metodológicas encaminadas a garantizar que las investigaciones penales contribuyan al esclarecimiento de los hechos y a la atribución de eventuales responsabilidades”, que se reconoce que “los avances en la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables continúan siendo limitados” y que preocupa “que la mayoría de violaciones de los derechos humanos documentadas en este informe permanecen impunes”, también lo es que urge ir más allá del simple señalamiento de quienes estuvieron involucrados.

Por eso el informe propone, para asegurar una investigación penal y su consiguiente juzgamiento, diversas medidas vinculadas con la urgente y demorada reforma del sistema judicial, incluyendo: garantizar la transparencia y objetividad del ejercicio de la acción penal; la realización de investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas; la participación efectiva de las víctimas y de sus familiares en el proceso penal, y la investigación de todas las categorías de violaciones de los derechos humanos, entre muchos otros. Pero también instruye trabajar en la restitución, rehabilitación, satisfacción, compensación a las víctimas y deudos de las y los fallecidos y asesinados.

Toca, pues, que las autoridades del Estado, pero también los líderes de las diferentes oposiciones, se hagan cargo de enmendar los daños causados a la sociedad e, incluso si son incapaces de dejar de pensar en castigos y venganzas, incluyan estos temas en su agenda política y discursiva. No actuar de esa manera solo profundizará el dolor y el daño sufridos por el país.