El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, culpó a la Policía por la vulneración a los derechos humanos entre octubre y noviembre del 2019, antes de que Evo Morales renuncie a la Presidencia, que fueron documentados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), por lo cual, en su opinión, un proceso en contra del exmandatario está “fuera de foco”.

“Durante la gestión del señor Evo Morales ha habido vulneraciones a los derechos humanos en Montero y en otras poblaciones. Sin embargo no existió una participación activa del Gobierno, debido a que las vulneraciones a los derechos humanos se deben a la inacción de la Policía, que pudo haber evitado enfrentamientos”, dijo del Castillo.

Sus palabras hacen referencia al anuncio de la oposición de presentar una proposición acusatoria por la violación a los derechos humanos durante su gobierno.

En el informe del GIEI estableció que hubo graves  vulneraciones a los derechos humanos en la administración del exmandatario, en los enfrentamientos con muertes en Montero (Santa Cruz) y en las emboscadas a  las caravanas de universitarios y cívicos en Vila Vila y de cooperativistas mineros en Playa Verde, el 9 y 10 de noviembre de 2019, donde cinco cuentapropistas fueron heridos de bala.

Luego del repliegue policial, el 8 de noviembre del 2019, los uniformados manifestaron que solo tenían orden de reprimir a los miembros de las plataformas ciudadanas. Además no tenían las órdenes de impedir las arremetidas de los sectores del Movimiento al Socialismo (MAS) en contra de sectores que se movilizaban contra el gobierno de Morales y los resultados de las elecciones, que fueron anuladas por las múltiples irregularidades detectadas en todo el proceso.

Durante los conflictos poselectorales del 2019 el titular de la cartera de Gobierno era Carlos Romero. Esta autoridad estaba a cargo de la institución verde olivo y de las acciones que realizaba la misma como cabeza de sector.

El 23 de octubre del 2019, el Concejo Nacional por el Cambio (Conalcam), que reúne a organizaciones del MAS,  se declaró en estado de emergencia para defender al gobierno de Morales. El 29 mineros y sectores campesinos llegaron a La Paz para acuartelarse en la plaza Murillo. Estos grupos salían a desbloquear de manera violenta los piquetes de las plataformas ciudadanas.

En entonces ministro de Defensa, Javier Zavaleta, brindó abiertamente su apoyo a las acciones de las organizaciones afines al partido de gobierno. “Hay varias organizaciones que se van a quedar varios días. El objetivo es que estén acá si persiste alguna aventura golpista o si a alguien no le queda claro nuestro voto”, advirtió entonces.

También el documento señala que durante las protestas, la Policía no detenía ni impedía que los sectores que apoyaban al gobierno de Evo Morales lancen cachorros de dinamitas a los manifestantes que denunciaban el fraude electoral. A su vez hubo un uso excesivo de la fuerza contra los activistas en las ciudades.

En el caso de Vila Vila y Playa Verde, los expertos concluyeron que  los integrantes de ambas caravanas "fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego, otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila. “Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual”.

“Se observa la participación directa o indirecta  del Gobierno nacional, del departamental de Oruro y Potosí y de alcaldías en los eventos referidos”, que no solo participaron con personal y dieron apoyo logístico a quienes querían impedir el paso de ambas caravanas a La Paz, si no incluso accedieron y emplearon armas del uso privativo de fuerzas de seguridad, como gases antidisturbios o antimotines, y armas de fuego de largo alcance.

“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro (Víctor Hugo Vásquez), para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”, dice el documento.