El presidente Evo Morales y varios de sus colaboradores estigmatizaron esta semana las marchas en defensa del voto del 21 de febrero de 2016, que le dijo No a la repostulación del mandatario para una nueva reelección en 2019. El jefe del Estado asegura que los que apoyan estas legítimas manifestaciones son separatistas y ‘vendepatrias’ que solo buscan el regreso de los neoliberales al poder. 

Por fortuna, aquel extremo no se sustenta en la realidad. Que un amplio sector de los bolivianos salga a las calles con sus carteles para reclamar el respeto del sistema democrático y de su instrumento principal, el voto popular, no apunta –en modo alguno– a romper el territorio boliviano, sino a que se respeten sus instituciones.

En la misma línea, y ante la protesta de un grupo de bolivianas durante la consagración en el Vaticano de Toribio Ticona Porco como cardenal de Bolivia, el vicepresidente Álvaro García Linera las consideró parte de una ‘miseria intelectual’.

A espaldas de la decisión soberana expresada en el referéndum del 21 de febrero de 2016, Morales ha decidido avanzar por encima de la Constitución bajo un argumento desde todo punto de vista discutible. El mandatario asegura que el voto contrario a su postulación cercena sus derechos fundamentales a ser elegido, tal como prevé el Pacto de San José de Costa Rica. Cabe recordar que aquel precepto fue concebido para defender los derechos de los ciudadanos a elegir y ser elegidos, no para que políticos que ya fueron elegidos lo utilicen para mantenerse en el poder ad eternum.

El presidente debería recordar que la Constitución garantiza el derecho a la protesta y su estigmatización no hace más que aumentar los riesgos de que se genere mayor violencia contra quienes piensan diferente al actual régimen político.

Los integrantes del movimiento de defensa del 21-F presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) firmas y documentos que avalan la legitimidad y el derecho que tienen los bolivianos a resguardar el voto popular hoy conculcado por acción de un Tribunal Constitucional afín al Gobierno de Morales.

Paradoja que solo se da en nuestro país que un Tribunal Constitucional falle contra la Constitución que se supone debe defender con todo el peso de la ley. Pero no. En Bolivia la división de poderes parece cada día más una ficción que solo sirve al Gobierno de turno.
Evo Morales prometió gobernar escuchando al pueblo boliviano. Por lo visto, cuando ese pueblo le dice No a sus ansias prorroguistas ya no es tan conveniente escucharlo. 

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) debe ahora decidir si, en base al fallo del Tribunal Constitucional, avala la repostulación de Morales o, en su defecto, hace prevalecer el precepto establecido en la Carta Magna que le pone un límite a la reelección presidencial. Difícil decisión en que el que está en juego es el perfil de democracia que queremos para todos los bolivianos.