En el informe sobre los hechos de violencia y las masacres sucedidas en 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció al menos cinco condiciones que el Estado debe cumplir para el esclarecimiento y sanción de los crímenes, los cuales por el momento son incumplidos por el gobierno de Luis Arce. El principal pedido de los expertos es lograr una justicia independiente, libre de la injerencia política, criterio con el que ayer coincidió la portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell.

“El GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron fraude o golpe de Estado”, remarcó Patricia Tappatá, parte del grupo de expertos, quien, en un acto especial el martes, entregó el informe al presidente Luis Arce y a las víctimas de las masacres.

Pese a esa recomendación, sólo minutos después, en el mismo acto, Arce dio lectura de una parte del documento y justificó la retórica del “golpe de Estado”.

Citó el texto que relata el momento en el que Jeanine Añez en una sesión del Senado sin quórum “se proclamó” presidenta. “Si esto no es un golpe de Estado, ¿qué más pruebas podemos pedir?”, dijo Arce en su discurso tras recibir el informe del GIEI.

Ésa es la primera condición incumplida por el Gobierno ante el pedido de los expertos del GIEI de no utilizar el informe con fines políticos. Consultado sobre la utilización de su documento por parte del Gobierno, el experto  Marlon Weichert advirtió sobre la tergiversación del texto.

Evo Morales  en la posesión del fiscal general, Juan Lanchipa.
Foto: Archivo

Politización

“El trabajo de GIEI no sustituye la investigación criminal, que debe ser conducida por la Fiscalía boliviana. Nuestra investigación se basó en las responsabilidades institucionales solamente; por lo tanto, nuestro informe no debe ser adaptado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, señaló Weichert.

No obstante, cuando fue publicado el informe,  ministros y dirigentes del MAS, como el expresidente Evo Morales, insistieron en la politización del documento, indicando que el informe del GIEI-Bolivia se convierte en una prueba del “golpe de Estado”.

Por su parte, el  líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, tomó partes del informe para recordar que la habilitación a la reelección indefinida de Morales, además de inconstitucional, fue el origen de los conflictos postelectorales de 2019 y que parte de las conclusiones desmienten la versión del Gobierno sobre el “falso golpe de Estado”. “La GIEI habla de un vacío de poder, que fue generado por Evo Morales -eso lo decimos nosotros-. No menciona que hubiera una transición no democrática.  Menciona el vacío de poder como un momento en el que se generó violencia, en la que se cometieron delitos, no solamente las violaciones a los derechos humanos por respuesta desproporcionada de las fuerzas del Estado”, señaló Mesa.

Independencia de la justicia

Sin embargo, la más importante de las condiciones expresadas por el GIEI -cuya explicación mereció todo un capítulo de los ocho que componen el informe- fue la del pedido de  independencia para los operadores de justicia. En su diagnóstico, los expertos resaltan que existe una ausencia de garantías en el debido proceso, empleo arbitrario de la prisión preventiva y obstáculos de acceso a la verdad.

Víctimas y decretos

 Los expertos establecieron otras como el trato igualitario de las víctimas; evitar la emisión de decretos o normas que justifiquen la violencia y la impunidad; y por último, la revisión o el reabrir  los casos cerrados sin una investigación adecuada de parte del Ministerio Público, que tiene como titular al fiscal general, Juan Lanchipa.

La GIEI también observó el decreto Supremo (DS) 4078, emitido por Jeanine Añez, por el cual operaron  la Policía y las Fuerzas Armadas durante las masacres de Sacaba y Senkata en noviembre de 2019, como señalan los expertos. En esa misma línea, también observaron el DS 4461, emitido por Luis Arce, por medio del cual se brinda amnistía a supuestas víctimas de persecución judicial.

“Desde la perspectiva de los derechos humanos, la amnistía no es, en principio, un buen instrumento. Es una medida asociada a la impunidad y a la obstrucción del esclarecimiento de la verdad”, señala parte del informe del  GIEI.

Incumplimientos

Entre sus conclusiones, el GIEI establece que la “transitoriedad” de los jueces y fiscales es un  elemento que influye en  la manipulación de los procesos, que deriva en las falencias en la investigación y la falta de un  debido proceso, por lo que recomendó la “renovación” de sus autoridades.

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó ayer que el Gobierno “cumple con la mayor celeridad” las recomendaciones del GIEI, pero hasta el momento sólo se coordinó,   con la Fiscalía General y el Tribunal Supremo de Justicia, un juicio de responsabilidades contra Añez. No se toman en cuenta aquellos elementos del informe que apuntan  responsabilidades a Evo Morales.

Lima afirmó que si bien se retomó la reforma judicial, no esperarán a culminar con ese proceso para iniciar el juicio de responsabilidades, como fue el pedido del  GIEI y del expresidente  Mesa.

UE, ONU

En ese contexto, tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas (ONU)  expresaron su respaldo al trabajo del  GIEI, sobre las observaciones a los operadores de justicia.

“Deseamos que ese informe permita avanzar y hacer justicia de forma transparente, implementando sus recomendaciones, y que la  dignidad de las víctimas sea reconocida con reparación integral que se plantea”, publicó en Twitter la UE. Asimismo,  Liz Throssell, la portavoz  del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), abogó por el uso “constructivo e imparcial” del informe. “Debe fortalecer los esfuerzos para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos”, manifestó Throssell. Añadió que entre los desafíos está el abordar “la interferencia política en el sistema judicial”.

Human Rights

• Informe El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HWR), José Miguel Vivanco, destacó ayer el informe  de la GIEI Bolivia. Se refirió a las muertes registradas durante los conflictos en Bolivia, entre septiembre y diciembre de 2019. “Ellas no responden  a un único color político”, escribió por medio de su cuenta en Twitter.
• Fiscalía José Miguel Vivanco también dijo que  “es imperativo que la Fiscalía boliviana despierte de su marasmo e investigue con diligencia e imparcialidad estos hechos. No pueden quedar impunes”.