El secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), Jaime Vidal, ratificó este jueves que los disparos registrados en las masacres de Sacaba y Senkata fueron realizados por efectivos militares y policiales, según la pesquisa realizada sobre los hechos de violencia registrado en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

«Mediante las pericias y consultorías externas que aportaron en la investigación sobre peritajes balísticos revisiones de expedientes constatamos y se reconstruyó la narrativa que señalaba que en los hechos de Senkata y Sacaba los fallecimientos habían sido de disparos internos entre los propios manifestantes y queda bien constatado cuál fue el operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía que llevan a cabo esa acción y que son los responsables», dijo en entrevista con La Razón Radio.

Resaltó que el informe final del GIEI, entregado el martes, recoge «por un lado un relato de la verdad» y también «tiene una mayor amplitud» en los hechos que abarca, entre septiembre y diciembre de 2019.

Agregó que en ese informe también se reflejan y se revelan vulneraciones «que no habían sido tan públicas», como violaciones de género, reproductivos y sexuales.

Asimismo, resaltó la amplitud de las autoridades y la población durante la investigación que permitió recibir documentos, relatos e información directa de todos los actores en los hechos registrados en 2019.

Explicó que ello permitió que el informe final sea bien recibido y asumido por actores políticos y la población sin ningún rechazo o reclamo.

«No hemos recibido ninguna protesta, ningún reclamo, más bien hemos estado sorprendidos por las reacciones en los distintos sectores, políticos y sociales. Hay una recepción bastante positiva desde el primer informe, actores políticos y sociales han identificado directrices del informe que se alinean en una reflexión sobre los hechos de violencia sucedidos en 2019», agregó.

El GIEI presentó el martes el informe final de la investigación que realizó durante ocho meses sobre los hechos de violencia registrado entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 en el país, documento que concluyó que existió la violación de derechos humanos en el último trimestre de ese año, especialmente durante las masacres de Sacaba y Senkata. El documento establece además un plan de investigación y un plan de reparación para las víctimas.