En Roma, la ciudad eterna, al final de la Vía de la Conciliazione, está el Vaticano, la Santa Sede, la meca del catolicismo. Y hasta allí llegó la protesta de los bolivianos defensores del referéndum que desautorizó una nueva candidatura de Evo Morales.
Dicen los testimonios recogidos por EL DEBER que Morales, quien se coló en la ceremonia de ordenación de nuevos cardenales, quedó blanco de espanto cuando vio a las ciudadanas bolivianas que vestían remeras con el mensaje del 21-F.
Ahí se produjo un incidente del que hay más de una versión.
Ante la molestia de Morales por la presencia de la resistencia boliviana en plena Santa Sede, dice una versión, los embajadores bolivianos, uno ante el Quirinale y otro ante el Vaticano, pidieron que los bolivianos fueran detenidos, o por lo menos retirados.
La Guardia Suiza, que hace de policía en el Vaticano desde el 21 de enero de 1506, no quiso intervenir. Desde que se acabaron las guerras italianas del siglo XVI, esa guardia es casi un adorno, vistoso adorno, porque, por supuesto, no lleva ningún arma.
En cambio, dice la Diáspora Boliviana “Bolivia somos todos”, esta vez intervino la “guardia venezolana” del presidente Morales, instituida en 2006 por el finado Hugo Chávez y que tiene más prerrogativas que el Ejército incluso en Bolivia. Esta vez actuó muy cerca del santo padre.
Dice el comunicado número 006 de la Diáspora Boliviana que los miembros de la guardia venezolana detuvieron a siete activistas bolivianos de las asociaciones de Roma, Milán y Bérgamo, les arrebataron las remeras con la insignia 21-F y los retuvieron en calidad de secuestrados durante por lo menos tres horas. Los agentes venezolanos querían saber quién organizó la protesta y amenazaron con castigar a sus familias en Bolivia.
La organización dice que los embajadores Carlos Aparicio (Quirinale) y Julio César Caballero (Vaticano) estuvieron detrás de esta acción, aunque el último de ellos lo niega.
Morales había anunciado que se reuniría con el papa después de la ceremonia, pero el protocolo del Vaticano no lo autorizó. Se fijó la audiencia para dos días después, por lo que el presidente boliviano tuvo que alargar su visita. Esto se facilitó porque él no tiene que pedir permiso al parlamento para ausentarse del país, como ocurría con todos los presidentes hasta 2006.