El diputado de Comunicad Ciudadana (CC) Beto Astorga presentó este jueves una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, en la que solicita un informe escrito sobre los gastos estatales tanto en el referéndum de 2016 como en las elecciones primarias y generales de 2019. La solicitud está dirigida hacia Óscar Hassenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral, y pretende “demostrar” el daño económico que el expresidente Evo Morales efectuó al Estado. 

"Con esta petición de informe queremos demostrar que Evo Morales no solamente ha vulnerado la Constitución Política del Estado, no solamente ha desconocido el 21F, sino que también le ha hecho un daño económico al Estado", expresó el diputado. 

"Evo Morales ha forzado el referéndum de 2016 y posteriormente lo ha desconocido. En las primarias de 2019 ha sido el único candidato del Movimiento Al Socialismo y él ha impulsado también esas primarias. Y el 2019 ha participado de la elección nacional de forma ilegal". 

El asambleísta afirmó que el dinero utilizado en los tres procesos electorales podría haber sido invertido en hospitales o equipamiento médico "que tanto hace falta en tiempos de pandemia". 

"Con el informe de la Corte IDH, el informe del GIEI y esta petición de informe, se le puede realizar un juicio al señor Juan Evo Morales Ayma por daño económico al Estado. Y realizándole un juicio —con una justicia transparente, como aconseja la GIEI— Evo Morales tendría que devolver el dinero de estos tres procesos electorales", sostuvo. 

Justicia para las víctimas de Vila Vila

Por su parte, la diputada de CC por el departamento de Potosí Lissa Claros solicitó un informe escrito por parte de la fiscalía general del Estado sobre los sucesos en Vila Vila. En el documento presentado el martes por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI - Bolivia), se indica que se cometieron graves delitos en el lugar. 

"(Hemos pedido) un informe al fiscal general del Estado para que pueda informar por qué se han vulnerado los derechos de los emboscados en Vila Vila y en Playa Verde", expresó la legisladora, en Plaza Murillo. "No ha habido un enfrentamiento, ha habido una emboscada y eso lo dice el informe de la GIEI", agregó. 

El documento presentado por el GIEI concluye que los integrantes de las caravanas del sur — universitarios y cívicos de Chuquisaca y Potosí— y la caravana minera fueron víctimas de “serias violaciones de los derechos humanos”, teniendo como consecuencia que cinco personas fueron gravemente heridas con armas de fuego y otras 15 fueron tomadas como rehenes durante horas en Vila Vila. “Hombres y mujeres fueron víctimas de tortura y sufrieron agresiones de contenido sexual”, consta en el documento. 

"Las víctimas de esos sucesos necesitan y exigen justicia. Como potosinos exigimos a la justicia boliviana que dé respuesta a las víctimas", reclamó Claros. "Necesitamos que la justicia boliviana actúe para todos los bolivianos, sin distinción de color, raza ni ideología política".