La presidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, desconoce la reposición de la prohibición del uso de explosivos en protestas o manifestaciones en el país, a partir del Decreto Supremo (DS) 2888, vigente desde septiembre de 2016.

"No hay normativa (…) que permita uso de dinamita en las protestas o que las prohíba necesariamente. Tengo entendido que hubo un decreto hace bastante tiempo que habló de aquello y ese decreto fue derogado”, manifestó Salvatierra, quien ejerce como senadora desde 2014.

Las declaraciones fueron realizadas luego de que por segundo día consecutivo los mineros, afines al Gobierno, marcharon por las calles del centro paceño, haciendo estallar varios cachorros de dinamita, como respaldo al presidente Evo Morales. Esa acción fue cuestionada por autoridades y la misma población, porque vulnera las normas del país.

La senadora Salvatierra no tiene conocimiento de la vigencia del decreto 2888 y confunde con la derogación del DS 1359.

En 2012, el presidente Evo Morales promulgó el DS 1359, que prohibía la tenencia y/o uso de explosivos en manifestaciones sociales, tras la muerte de un minero a causa de la explosión de un cachorro de dinamita, lanzado por los cooperativistas contra la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB).

En ese entonces, las autoridades justificaron la aprobación de la norma porque el uso de explosivos en protestas implica un peligro común para la vida, la integridad corporal y la propiedad pública y privada.

Pero en mayo de 2016, los mineros lograron que el Gobierno derogue dicho decreto. Sin embargo, en agosto de aquel año se registró el conflicto de los cooperativistas mineros, que derivó en duros enfrentamientos con los policías y en el secuestro, tortura y asesinato del entonces viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.

Ese hecho llevó al Gobierno a reponer la normativa que prohíba el uso de dinamitas en manifestaciones sociales. Es así que el presidente Morales promulgó el DS 2888 que repone la prohibición del porte o tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, movilizaciones sociales, marchas de protesta, huelgas, mitines.

Aquel año, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, destacó la reposición de la norma porque permitiría evitar atentados contra la vida o generar seguridad. Incluso explicó que la disposición significaría que aquella persona que vulnere la norma será sancionada con uno a cuatro años de cárcel, tal como establece el artículo 211 del Código Penal.

Hasta ayer, el Ministerio de Gobierno hizo cumplir de manera rigurosa esa normativa, especialmente contra las movilizaciones de cocaleros y universitarios que protestaban contra el Gobierno. Un claro ejemplo, es que varios productores de coca afiliados a la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) fueron procesados y encarcelados porque presuntamente portaban explosivos en las manifestaciones.

Sin embargo, entre ayer y hoy los mineros afines al MAS marcharon por el centro paceño en respaldo al Primer Mandatario y para abrirse paso por las calles bloqueadas por vecinos hicieron estallar gran cantidad de dinamitas.

Ni el Ministerio de Gobierno, ni la Policía, ni el Ministerio Público pidieron una investigación o una acción directa para evitar que se vulnere el DS 2888 o la Ley 400 que también prohíbe el uso de explosivos.