La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, se sumó a la lista de dirigentes de la oposición que fueron llevados a tribunales ordinarios y la particularidad es que en los tres últimos casos, el juez de turno les prohibió hablar del caso que los involucra. Antes de ella, la misma medida se aplicó al alcalde cochabambino José María Leyes, luego al diputado Rafael Quispe y ayer la jueza Claudia Castro aplicó la misma medida a la burgomaestre acusada.

El abogado penalista Andrés Zúñiga recordó que el Legislativo fue modificando la ley penal y los requisitos para las medidas sustitutivas y que en función de eso el juez aplica las medidas y también dijo que la decisión del viceministerio de Justicia de cambiar su pedido no altera la decisión del juzgador porque este puede ir incluso más allá de lo que solicite el mismo fiscal en una audiencia.

El analista Ricardo Paz señaló que el caso de Chapetón desnudó la intención que tiene el Gobierno de perseguir a todos los líderes políticos que se ponen al frente y por eso impulsa procesos que luego son forzados ante la justicia ordinaria con casos de corrupción.

El senador oficialista por Cochabamba Ciro Zabala descartó que eso ocurra. “No somos los del MAS los que le preparamos la agenda de trabajo al Ministerio Público. Suponemos que las investigaciones, seguimientos los hace la Fiscalía. Decir que es el oficialismo es muy pretencioso”, dijo. 

De su lado, Ricardo Paz, recordó empero que la Fiscalía tuvo que retroceder cuando se comprobó que ella no tuvo nada que ver en el caso que ahora se la involucra, pero que había una consigna política para impulsar este proceso.

Asimismo, consideró que la prohibición de hablar de su caso, con los medios o con sus subalternos violenta cualquier derecho de las personas y alertó sobre la posibilidad de que se constituya en una causal para enjuiciar al propio Estado en tribunales internacionales, como otras víctimas.

Zabala no quiso referirse al caso específico de la alcaldesa alteña, manifestó que estuvo concentrado en las actividades de la Asamblea y luego viajó a su región, “ni  sé qué le pasó”, afirmó.

El politólogo Fernando Untoja refirió que todos los municipios son reproductores de poder y que ese mismo papel juega el gobierno departamental y que por esa razón el MAS intenta retomar el control de estas entidades en los departamentos donde no tiene presencia y mencionó los casos de Cochabamba y La Paz.

Pero también dijo que este tipo de casos desnuda la confrontación interna entre los mismos militantes y el celo político que existe cuando los mismos dirigentes ven que algún dirigente adquiere popularidad y puede relegar a los principales dirigentes y recordó que la denuncia partió del mismo partido de Samuel Doria Medina.

El diputado Víctor Borda (MAS) manifestó que hay una clara incongruencia del Viceministerio de Justicia que dos días antes había adelantado el pedido de detención preventiva y luego en la audiencia solicitó medidas sustitutivas a la detención preventiva.

Aunque luego dijo que siempre se puede pedir la reconsideración de la medida y apuntó que por todos los antecedentes que se conocieron, se debía aplicar una medida mucho más gravosa y que por eso se adelantó la detención preventiva de Chapetón.

El diputado Amilcar Barral (UN) dijo que la defensa demostró que la alcaldesa no tuvo nada que ver y que el Gobierno a través del Viceministerio de Justicia realizó un cálculo político porque ya tenía un frente con el caso de la UPEA y ahora se podía abrir otro frente con el caso de la alcaldesa  y que esa podría haber sido la razón del cambio de actitud de esa cartera de Estado en la audiencia.

Recordó que en la audiencia había 11 abogados de la parte acusadora y que ninguno de ellos, incluidos los fiscales, pidieron la detención preventiva que habían adelantado.

Sobre el caso Chapetón

La alcaldesa alteña recibió medidas sustitutivas a la detención preventiva, tras una audiencia cautelar que se realizó el jueves por la noche y continuó ayer por la mañana. La disposición judicial detalla que Chapetón no se refiera más a este caso y tendrá que presentar dos garantes solventes, pero podrá ejercer normalmente sus funciones mientras continúa la investigación, aunque deberá presentarse cada 15 días a firmar el libro en la Fiscalía.

Además no podrá acercarse a las partes y no tener ningún contacto con la urbanización en la que se encuentra el predio entregado a privados.

El Ministerio de Transparencia y  la Fiscalía acusaron a la autoridad edil por los delitos de incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, resoluciones contrarias a la CPE y las leyes y acción por omisión.

La acusación se sustentó en la emisión de una resolución en la que la alcaldesa supuestamente autorizó la construcción de una estación de servicio en la zona de Río Seco, sector Yunguyo.

La defensa de la alcaldesa la asumió el jurista Héctor Tapia, quien  es patrocinador del líder de UN, Samuel Doria Medina, en los casos que enfrenta.

Tapia fue muy contundente en la defensa. Mostró planos, documentos e informes municipales que advertían que la estación de servicio no se construyó en la gestión de Chapetón, sino que fue en la década de los 90.

“Este proceso en si es una tremenda irregularidad porque ya no se basa sobre la transferencia del terreno sino porque se dictó supuestamente una resolución en la que no se colocó lo que dice una ordenanza, que dispone que se anulaban otras ordenanzas anteriores, pero eso no le corresponde a la alcaldesa", agregó el jurista.

Sin embargo, llamó la atención que el Ministerio Público, no pidió detención preventiva, y dejó en manos de la jueza la decisión de elegir una medida cautelar que garantice la presencia de la autoridad en el proceso.

El Viceministerio de Transparencia también cambió su posición  en la audiencia. A través de un memorial había solicitado la detención preventiva, y luego sorprendió y solicitó la medida cautelar que es justamente la que definió la jueza cautelar.

Mientras tanto, el diputado que inició la causa, Rafael Quispe, anticipó que seguirá con la fiscalización a la gestión de la alcaldesa y dijo no arrepentirse de haber dado curso al proceso, pese a que es criticado por la gente de su partido (UN).

Luego confirmó su alejamiento de esa sigla. “Yo no tengo jefes, no tengo partido. Soy un diputado independiente. Hicimos una alianza con Samuel Doria Medina”, con lo que quedó claro que hubo una ruptura. Un día antes, el vicepresidente había señalado que lo ocurrido fue resultado de una pugna interna dentro de la estructura del partido opositor.

Hechos

Alcalde
La burgomaestre llegó este viernes al juzgado, como ocurrió también el jueves, acompañada por vecinos y dirigentes de organizaciones sociales y dijo que "esperemos que esta sea una resolución que vaya en honor a la verdad y haga justicia".

Proceso siguió
Pese a que el diputado Rafael Quispe desistió de la denuncia, el proceso siguió de oficio y con el Viceministerio de Justicia como parte coadyuvante. Esa instancia sostiene que hubo resoluciones contrarias a la CPE y las leyes.

Doria Medina
El líder de UN, Samuel Doria Medina, expresó total respaldo a la alcaldesa alteña. “Es la mejor alcaldesa que ha tenido El Alto. Ya sabemos que este Gobierno, lo que no puede ganarlo con votos, lo quiere ganar en la justicia”, expresó el líder opositor, quien esperó la salida de la autoridad alteña del juzgado la noche del jueves.