“En el último trimestre de 2019 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia. En el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida, y centenares recibieron lesiones de consideración, tanto físicas como psicológicas (…)”.

Este texto es parte de las conclusiones que hizo conocer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instancia que presentó su informe final al Gobierno, haciendo énfasis en que este trabajo no equivale a una investigación penal y su objetivo es formular recomendaciones sobre la investigación y el procesamiento penal que deben realizar las autoridades competentes. 

“De ningún modo, el presente informe debe ser utilizado para perseguir a cualquier persona por razones políticas u otra motivación indebida”, puntualiza el informe.

Asimismo, una de las conclusiones señala que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político, y que es “esencial que las víctimas obtengan justicia”.

A partir de las conclusiones que hizo conocer el GIEI, como grupo de expertos independientes, las instituciones del país deberán trabajar no solo para procesar a quienes violaron los derechos humanos de los bolivianos, sino también con el fin de lograr la reconciliación de los sectores que aún se encuentran enfrentados por lo que sucedió en 2019.

Este informe debe ser tomado en cuenta para impartir justicia, no con el fin de urdir planes de venganza contra determinadas personas o grupos que son contrarios a lo que comulga el Gobierno actual.

Lo más sano será leer en su integridad este informe y no solo parcialmente, manipulando las palabras.

Se debe, para no crear más resentimiento, tratar de no cambiar las palabras que utiliza el GIEI por otras que causen un efecto de odio hacia determinadas personas o grupos.

El objetivo de los bolivianos, a partir de este informe, debe ser dejar de lado los discursos iracundos que solo buscan la confrontación, para más bien bajar el volumen de las arengas y trabajar hasta lograr la tan mentada reconciliación que tanto oficialistas y opositores esgrimen cuando les conviene.

Asimismo, el informe del GIEI destaca que se debe investigar a fondo y con imparcialidad la violación de derechos humanos, porque si no se lo hace existe el riesgo de que estos delitos queden en la impunidad, como ocurrió más de una vez en la historia del país.

Para ello se deberá fortalecer el sistema judicial que, además de contar con jueces probos, tendrá que ser imparcial y no recibir presiones de otros órganos del Estado. Las instituciones del país deben velar por la dignidad y la vida de las personas, reconociendo una igualdad real en sus derechos, porque solo así se logrará pacificar el país y brindar justicia a quienes sufrieron la violación de sus derechos humanos en los acontecimientos de 2019, para que nunca más vuelva a suceder.