El Canciller boliviano, Rogelio Mayta, que llegó a Tarija, aclaró que el Informe sobre Derechos Humanos del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que estableció violación de derechos humanos, es una investigación, no una sentencia.

Lo primero, este informe no es una sentencia, tampoco pretende serlo, pero es una investigación seria, objetiva, realizada por expertos internacionales durante nueve meses de trabajo, recopilaron información, aclaró el Canciller boliviano.

Recopilaron testimonios, videos, entrevistas con diferentes actores, testigos de los diferentes sucesos, también pidió información al Estado boliviano, sus instituciones, la Policía, las Fuerzas Armadas, de la Fiscalía, de la Justicia, especificó.

La información lograda básicamente es sobre violación de derechos humanos, entre octubre y noviembre de 2019, en ocasión de la crisis política que vivió Bolivia, no es de otra cosa, según Mayta, que estuvo secundado por el Diputado José Luis Huanca Mamani.

Este informe se efectuó a recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llegó en noviembre de 2019, recomendó la formación de este grupo de expertos para investigar y lograr un informe creíble, siguió.

Aquella Comisión vio que el país estaba polarizado esa fecha y el informe no tendría tanta validez si fuera realizado por el propio gobierno, por eso se dio esta posibilidad que vio que se violaron derechos humanos en varios escenarios del conflicto.

El principal escenario sería Senkata y Sacaba y el organismo investigador estableció que las violaciones fueron graves, “lo que se denomina ejecuciones sumarias”, que serían asesinatos y que se traducen en delitos de lesa humanidad, sostuvo.

Los responsables de esos delitos serían los ejecutores de la violencia, “participaron fuerzas policiales y militares, pero también los responsables políticos, la señora Añez y los miembros de su gobierno”, apuntó.

Son responsables por emitir órdenes, como el decreto supremo 4078, este instrumento legal ordena que se realicen operaciones militares contra la protesta social, “esto es inaudito porque los militares están entrenados para destruir al enemigo”, afirmó.

No están entrenados para controlar protestas civiles, el mismo decreto libera de responsabilidad a los militares que participen en este operativo, a partir de eso surgen los hechos de Sacaba y Senkata, además ay otros escenarios de violencia, prosiguió.