La Comisión Especial de Investigación sobre Presuntos Actos de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres asambleístas prevé que sus conclusiones y recomendaciones sean aplicadas en los gobiernos subnacionales.

La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Gina Torres, que integra esa instancia, dijo que las resoluciones no sólo deben involucrar al Legislativo, sino también a las gobernaciones, asambleas, alcaldías y concejos municipales.

“Esta comisión trabajará arduamente para frenar y sancionar los casos de acoso y violencia política, pero (además) buscaremos que este trabajo no quede sólo en la Asamblea Legislativa, sino que se aplique en todas las instituciones nacionales”, señaló.

Esto por hechos como el que involucró a Juana Quispe, concejal del municipio de Ancoraimes, La Paz, quien murió el 12 de marzo de 2012, caso que hasta lo que va del año no fue esclarecido.

“Creemos en la comisión que éste y otros hechos no deben quedar impunes, por eso propondremos que se hagan ajustes a la norma”, dijo.

El 20 de junio, el pleno de la Cámara de Diputados conformó la comisión especial y eligió como integrantes a las legisladores Romina Pérez (MAS-IPSP), Lidia Patty (MAS-IPSP), Isabel Miranda (MAS-IPSP), Jimena Costa (UD) y Gina Torres (PDC).

En esa ocasión, la diputada Fernanda San Martín (UD) señaló que según datos de la Coordinadora de la Mujer, más del 75% de las legisladoras sufren violencia y acoso político.