Dos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentaron este miércoles en Sucre las conclusiones de su informe relacionadas con las Caravanas del Sur y Mineros y ratificaron que, en estas manifestaciones contrarias al entonces gobierno de Evo Morales, se usaron recursos públicos.

En el edificio histórico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco Xavier, Magdalena Correa (Colombia) y Marlon Weichert (Brasil) expusieron detalles del trabajo del GIEI respecto a los hechos de violencia registrados a finales de 2019.

Este caso fue calificado por Weichert “muy importante y muy simbólico” para el GIEI.

Caravana del Sur

Aclaró que hubo dos caravanas, una del Sur y otra de Mineros.

“…los primeros, en dos buses (parten) desde acá, de Sucre, básicamente constituidos en este patio, en esta universidad, compuesta de estudiantes, de docentes y también de algunas plataformas de organizaciones de la propia ciudad”, relató Weichert, refiriéndose al 5 de noviembre.

Dijo que fueron encontrándose con distintos bloqueos de carreteras, hasta que decidieron tomar un camino por Uyuni. Como lo reflejó la prensa en esos días, pretendían llegar a La Paz para protestar en contra del presunto fraude electoral que se había cometido en octubre de 2019. También pedían la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

Con el paso de las horas, en el camino se fueron incorporando más buses.

Por la narración de Weichert, la caravana consigue llegar a Oruro y allí deciden pernoctar.

El 9 de noviembre parten hacia La Paz, “pasan por Caracollo, donde hay (las) primeras situaciones de más agresividad, de más animosidad, de más conflictividad, amenazas, pero la caravana sigue hasta que llega a Vila Vila”.

Dudas sobre Vila Vila

“(…) Estuvimos en Vila Vila, un lugar importante para la reconstrucción de esos enfrentamientos y todavía siguen una serie de dudas de lo que exactamente pasó en Vila Vila. Hay muchas narrativas dentro de los distintos buses que estaban en la caravana”, puntualizó Weichert.

“De lo más importante que detectamos es que el bloqueo inicial más grande que había en estos cerros, al final de Vila Vila, era compuesto básicamente por personas que no eran de la comunidad de Vila Vila, eran personas que habían venido de otras localidades…”, agregó.

En ese momento se produce la agresión de los bloqueadores a la caravana, pero “todavía no se clarifica cómo hubo la quema de una casa, en qué circunstancias se dio la quema de pastizales y la comunidad tiene una versión, distintos buses tienen otras versiones”.

 El experto habló de refuerzos que llegaron a este punto geográfico para apoyar a ambos bandos y se da entonces una “escalada de violencia. Los buses retornan, algunos buses se quedan retenidos y ahí hay la toma de rehenes, y ahí empieza la parte más grave de lo ocurrido”.

Estimaron alrededor de 25 personas que fueron tomadas como rehenes. Aproximadamente 10 consiguen huir, “pero se quedan por lo menos 15 personas como rehenes que van a ser sometidas, decimos en nuestro informe, a actos de tortura, a graves violaciones de derechos humanos constituidos como tortura; inclusive con hechos de violencia sexual”.

También remarcó que el GIEI está convencido de que hubo violencia contra mujeres de la caravana.

"Agentes del Estado"

Weichert hizo hincapié en la gravedad de que, “aunque sean actos de particulares, estos actos de particulares fueron cometidos dentro de esta espiral de violencia que era alimentada por agentes del Estado. Y más, como decimos en el informe, tenemos elementos que indican muy claramente la participación del poder público en la organización de este bloqueo y, cuando menos, con la asunción del riesgo de que pudieran pasar hechos de violencia”.

También en Challapata

Con relación a lo ocurrido en Challapata, el 10 de noviembre, cuando se concreta la renuncia de Morales, dijo: “Este ataque fue realizado por personas que también recibieron el apoyo del poder público”.

“…Y hacemos también un análisis de las investigaciones conducidas por la Fiscalía sobre este hecho, desafortunadamente somos muy críticos a la situación de estas investigaciones, poco han clarificado aunque en un momento se han producido algunas informaciones muy relevantes, incluso están adoptadas en nuestro informe, sobre todo la parte que decía sobre la movilización de recursos de alcaldías y de Gobernación para permitir la realización de los bloqueos”, agregó Weichert.

En cuanto a Vila Vila y Caracollo, el informe del GIEI puntualmente señala:

“Las pruebas disponibles apuntan inequívocamente a que servidores públicos participaron en los bloqueos de las carreteras, y confirman que se emplearon recursos y materiales públicos para estos en distintas localidades. Se advierte además que diversos elementos de prueba apuntan a la existencia de órdenes de superiores, en particular del entonces gobernador del departamento de Oruro, para que recursos y funcionarios fueran movilizados para los bloqueos en Vila Vila y Quemalla”.