El ministro Eduardo del Castillo admitió este miércoles que durante la administración de Evo Morales existió vulneración de derechos humanos; sin embargo, afirmó que en esos hechos no hubo “participación activa del Gobierno”, algo que a su juicio sí se vio en la gestión transitoria de la expresidenta Jeanine Áñez.

La autoridad, en entrevista con ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, adoptó un mensaje conciliador, aseguró que bajó la tensión política en el país, pero reafirmó que no debe existir impunidad para nadie, tras conocerse el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre los hechos de 2019.

“Evidentemente, durante el Gobierno de Evo Morales existieron vulneraciones de derechos humanos, pero no hubo una participación activa del Gobierno nacional, respecto a lo de Montero, a esas dos víctimas, hemos visto que las vulneraciones se debieron a la inacción de las fuerzas policiales, había enfrentamiento entre ambos bandos y la Policía estaba mirando”, afirmó.

Enfatizó que, sin importar el color político, se debe juzgar a las personas que transgredan los derechos humanos y la paz social, sean sancionadas. “Si es del MAS, si es de Comunidad Ciudadana o de Creemos, si vulnera el derecho humano y si prevalece su ejercicio político para transgredir los derechos de otras personas, debe ser sancionado”, recalcó.

Calificó como “prolijo” el documento conocido el martes y recalcó que las investigaciones deben avanzar, sin que sea un óbice la falta de credibilidad de la administración de justicia. Consideró que, de forma paralela, se puede dar curso a los procesos y las reformas.

“La misma justicia de hoy es la que metió a cientos de masistas a la cárcel en 2019. Hemos visto que ni siquiera el presidente dijo que se cambie a toda la justicia, para que no digan que hay injerencia, estamos esperando que se cumplan los plazos para elegir a nuevos administradores de justicia. Ahí veremos si se cambian las reglas del juego para elegir a las altas autoridades del órgano judicial”, precisó.

El documento indica en una de sus conclusiones que lo ocurrido durante la crisis política de 2019 “involucra la responsabilidad del Estado” en las graves violaciones de derechos humanos cometidas entre septiembre y diciembre de 2019, periodo en el que Morales y Áñez estaban al mando del país.

“El Gobierno de Áñez ha tenido una participación activa en la vulneración de los derechos humanos, que fue de manera sistemática, calificada como masacres sangrientas o ejecuciones sumarias, aprobó ese decreto supremo, que ha exonerado de culpa a las FFAA, que salieron a reprimir y quitaron la vida de decenas de bolivianos”, concluyó el ministro.

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